Luego de la crítica de 18 empresas citrícolas a la creación de un instituto en la provincia de Tucumán por la crisis del limón, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, defendió la iniciativa. Habló de una crisis que “podría poner en peligro la paz social en el sector”. El funcionario alertó que hay 50.000 empleos en riesgo.
La respuesta de Abad se da después de que el gobierno de Osvaldo Jaldo presentara un proyecto de ley para “mitigar la grave situación” de la producción con la creación de un instituto de fomento y el pago de una tasa, que fueron rechazados por la industria. En concreto, se pronunciaron en contra Acequiones SRL, Argenti Lemon SA, Biotuc SRL, Citromax SA, Citrusvil SA, Diego Zamora e Hijo SRL, Finar SA, Frutucumán SA, Inducítrica SA, Juan Antonio Zamora, La Patria SRL, La Rosa SRL, Lapacho Azul SA, Los Pempa SA, Nogués SA, San Miguel, Ucuchara SA y Veracruz SA. El gobierno provincial hizo una presentación ante la Legislatura de un anteproyecto para la creación del Instituto para el Crecimiento y Fomento del Limón (IFL) con la “intención de acompañar al sector privado”.
“Es un proyecto que fue pedido por la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa), que nuclea a los citricultores de Tucumán y Salta”, dijo. Agregó: “Nos pidieron una herramienta que trate de articular con el sector citrícola un problema de superproducción que viene acarreando desde el 2017″.
Abad ejemplificó algunos aspectos negativos que llevaron al sector a esta crisis: “Hay excedente en la producción de limones y sus derivados como el jugo, problemas de precio en el mercado mundial y competencia con Sudáfrica lo cual nos alertó porque hay 50.000 puestos de trabajo directo e indirecto que involucra a obreros del surco, químicos y empleados, un conjunto de personas que nos preocupa y si la crisis sigue podría poner en peligro la paz social en el sector”.
Por otra parte, sostuvo que “la intención es acompañar al sector privado para que desarrolle su actividad, ya que no perjudica a nadie y nosotros facilitamos la vía para que se pongan de acuerdo. Estamos haciendo lo que ellos pidieron por nota a través de su presidente Pablo Padilla para que le proveamos de herramientas para encontrar solución a la actividad”. A su vez, dijo que acompañan al sector privado: “No nos metemos en el área, los que tienen convenios que ganen dinero”.
“Con la experiencia del Instituto de Desarrollo Productivo (Idep) y del Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol en Tucumán (IPAAT) fue que celebraron un acuerdo como fieles testigos en la industria azucarera para exportar los excedentes y proteger la actividad, por lo que (Acnoa) nos pidió articular una herramienta con la experiencia que tenemos y elaboramos un ante proyecto de ley -que para nada es gigantesco y con pocos empleados- de manera que se puedan sentar institucionalmente para encontrar vías de solución, que por lo visto no lo están encontrando”, sintetizó Abad.
La iniciativa oficial indicaba que se crea el IFL como ente autárquico, que “se relacionará con el Poder Ejecutivo de la Provincia a través del Ministerio de Economía y Producción. Su gobierno estará a cargo de un Directorio ad honórem integrado por ocho miembros y sus respectivos suplentes, con representantes del Poder Ejecutivo Provincial, de las industrias citrícolas y de los productores primarios”.
