La mesa nacional de Juntos por el Cambio dijo que “la constitución no es opcional”. Elisa Carrió anunció que la Coalición Cívica denunciarán al Presidente y a los gobernadores. Desde el PRO hablaron de un pedido de “inhabilitación perpetua”.
Juntos por el Cambio busca avanzar con un juicio político contra el Presidente luego de que Alberto Fernández decidiera no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre los fondos de coparticipación que el Gobierno nacional debe restituirle a la Ciudad de Buenos Aires.
La ex diputada Elisa Carrió anunció que junto a la Coalición Cívica denunciarán al presidente de la Nación y al resto de mandatarios provinciales por incumplimiento de deberes de funcionario público mientras que en Twitter la exdiputada del Pro Laura Alonso habló de una “denuncia penal” contra todo el Gobierno y un pedido de “inhabilitación perpetua”.
“Es un acto de sedición. El kirchnerismo decidió darle guerra a la Justicia y a la democracia. Están creando un clima de anarquía. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá pedir a la Corte la ejecución de la sentencia, con la posibilidad de que trabe embargo sobre los fondos que les corresponde”, afirmó el jefe del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri.
El comunicado de Juntos por el Cambio
En un comunicado, Juntos por el Cambio expresó su “más enérgico repudio” y su “profunda preocupación por la explícita desobediencia del Presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa. La ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo. Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos”, resaltaron.
También destacaron que “el incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno Nacional representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país”.
La oposición llamó asimismo a “decirle basta al atropello constante del kirchnerismo a las instituciones”. “No es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho. Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la República y la democracia. Es hora de terminar con la impunidad y los privilegios en la Argentina”, concluyeron.
Según argumentó el Ejecutivo nacional luego de una reunión del Presidente con los gobernadores del oficialismo, la orden del máximo tribunal es de “es de imposible cumplimiento”.
En concreto, la medida cautelar de la Corte ordenó que se entregue a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables mediante transferencias diarias y automáticas por el Banco de la Nación Argentina. La gestión de Horacio Rodríguez Larreta pide 3,50%, por lo que el reclamo de fondo seguirá sustanciándose en la Justicia.
La resolución de la Corte suspendió la ley 27.606 a través de la que el Gobierno de Alberto Fernández había reducido la coparticipación de la Capital Federal y reasignado esos fondos a la Provincia de Buenos Aires para incrementar el salario de la Policía Bonaerense.
Para la Casa Rosada y los gobernadores, la decisión del tribunal es “política” y coloca en una situación muy vulnerable a las arcas del Poder Ejecutivo, lo que a su vez compromete las transferencias discrecionales hacia las provincias.
