Un trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso detalla los riesgos de los crecientes aportes del Tesoro provocados por la inflación. En 2021, tuvieron un rojo equivalente a 1,5% del PBI.
La situación financiera de las empresas del Estado no es buena y su contribución al déficit fiscal es creciente. El rojo operativo de las 34 empresas públicas fue equivalente a 3.700 millones de dólares en 2021 y este año apunta a superar los 4.000 millones. Esa cifra surge de comparar los ingresos que generan las empresas y lo que gastan. La diferencia la pone el Tesoro. Esta realidad de un sector que emplea a 111.000 personas fue analizada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que en un informe de 62 páginas difundido días atrás alertó sobre algunos puntos sensibles, vinculados al impacto fiscal de los balances de estas empresas y también hace objeciones a la transparencia y los controles sobre dichas empresas.
Para elaborar este trabajo, la OPC, que conduce Marcos Makón, contó con aportes de los economistas Nicolás Gadano y Emilio Nastri. El informe señala que “los gastos de las empresas públicas totalizaron 2,5 billones de pesos en 2021, explicando el 19,3% del total del gasto del Sector Público Nacional, equivalente a 5,4 puntos el PBI. Claro que la mitad de ese gasto corresponde a YPF, una empresa, subraya el informe, que no ha recibido aportes del Tesoro desde su reestatización en 2012.
Pero el mismo informe aclara que, excluyendo a YPF, “el 83% del total de gastos de estas empresas corresponde a erogaciones corrientes, indicador que en muchas de las empresas es aún más elevado”.
El trabajo subraya que “se trata de un clásico síntoma de la dificultad de las empresas públicas para invertir, por la presión de los gastos corrientes (remuneraciones y otros) sobre los flujos. El documento insiste en que “muchas de las empresas públicas nacionales, incluyendo algunas de las más grandes, reciben transferencias recurrentes del Tesoro para financiar una parte considerable de sus gastos corrientes y de capital. No se trata de transferencias puntuales, sino de fondos que año tras año solventan gran parte de sus erogaciones. Desde la perspectiva fiscal presupuestaria, su asistencia para cubrir los desequilibrios de las empresas públicas ha crecido a valores preocupantes, equivalentes a 1,5% del PBI en 2021.
Un caso típico que encaja en este concepto es el de Yacimientos Carboníferos Río Turbio: el Ministerio de Economía aprobó meses atrás el “Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2022 de Yacimiento Carbonífero Río Turbio”. Se estimó que YCRT tendrá ingresos operativos por $ 47,45 millones, en tanto que los gastos de operación treparán a $ 11.882 millones. Los ingresos operativos cubren apenas el 0,4% de los gastos. El 99,6% restante lo pone el Tesoro Nacional.
De todas maneras, el trabajo deja claro que no todo el déficit de estas empresas es consecuencia de ineficiencias operativas. “En muchos casos, los desequilibrios operativos son el resultado de políticas de precios bajos decididas por las autoridades e impuestas a las compañías. En este contexto, las transferencias del Tesoro a estas empresas son más el resultado de las decisiones de políticas públicas (los subsidios al consumo hogareño de energía y al transporte público de pasajeros) que asistencias a las empresas derivadas de su mal desempeño.
En los hechos, el grueso del déficit operativo de las empresas públicas se explica por los subsidios: los aportes del Tesoro más voluminosos van a manos de Enarsa, que se encarga de la importación de energía cara que luego vende más barata en el mercado interno; AYSA, Correo y los trenes. En esta lista entra Aerolíneas Argentinas, pero en este caso su déficit no se corresponde a tarifas menores a las de mercado sino a la ineficiencia en su gestión.
El informe alerta sobre lo que si puede aparejar riesgos fiscales: el recurrente desvió entre las sumas presupuestadas para transferir a cada empresa y los montos (mayores) que efectivamente reciben. “Estos desvíos se relacionan con la mayor inflación observada respecto a la estimada como pauta para cada presupuesto”.
El informe también pone la lupa en otro déficit, el de la transparencia. Señala dos casos puntuales: YPF, estatizada en 2021 y la ex Pescarmona (bajo control estatal desde 2021). “Se observa una característica singular: en los mismos actos administrativos que determinan el control mayoritario de la empresa se incluyen cláusulas que buscan que la compañía no sea alcanzada por la normativa general de las empresas públicas”. Los autores del informe subrayan que “si bien esta idea puede parecer razonable desde el punto de vista de la gestión empresarial, no contribuye en términos de control y la transparencia que implica la gestión de recursos y activos públicos”.
El informe concluye con una recomendación. Dice que hace falta “consolidar un sistema de información de las empresas estatales que permita monitorear y evaluar su desempeño sobre bases homogéneas y actualizadas de datos, porque su importancia económica y presupuestaria merece una mayor atención y comprensión” Las empresas públicas, con sus 111.000 empleados, representan cerca de un tercio del total de empleados de la Administración Pública Nacional, que este viernes, según informó el INDEC, asciende a 341.681 empleados.
