Crece el conflicto entre alumnos de diferentes establecimientos y el Ministerio de Educación porteño. Rodríguez Larreta y Soledad Acuña advirtieron que los padres de los alumnos que protagonizaron estas medidas deberán responsabilizarse por los daños y las pérdidas provocadas.
El conflicto entre alumnos de diferentes escuelas porteñas y el Ministerio de Educación de la ciudad recrudece, con doce instituciones tomadas en la primera semana. Los estudiantes protestan principalmente contra la aplicación de las prácticas profesionalizantes, reclaman más y mejores viandas escolares, y denuncian “persecución política”, mientras que la cartera que conduce la ministra Soledad Acuña decidió avanzar con acciones penales y civiles contra las familias, a las que responsabilizan de presuntamente haber fomentado que sus hijos participen.
En la Justicia se abrieron dos vías, la administrativa –mediante una acción civil en la que el Poder Ejecutivo porteño reclama por daño del patrimonio educativo– y la penal. Hasta el momento se realizaron 16 denuncias penales contra las familias para la averiguación de la comisión de una contravención, es decir un acto ilegal para el que se contemplan penas menores que para los delitos.
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Las primeras quedaron radicadas en la Unidad de Flagrancia Este, la fiscalía que las recibió y que deberá definir las posibles medidas procesales aplicables y si avanza con la investigación. Resta esperar si todas quedan unificadas allí o si van a intervenir otras fiscalías en simultáneo. A los padres denunciados se les imputa haber violado el derecho de admisión, una norma que prohíbe ingresar o permanecer en un establecimiento público (en este caso, la escuela) en contra de la voluntad de las autoridades. Ocho de ellos son de la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N°2 Mariano Acosta, el primer establecimiento en participar de las tomas, pero cuyo centro de estudiantes luego desistió en continuar.
En medio de la disputa, se sumó el gobierno nacional, que también acudió a la Justicia para que la administración de Horacio Rodríguez Larreta retire a la policía porteña de las inmediaciones de las instituciones educativas que son sede de tomas y pernoctes. Según informó la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla, se presentó una habeas corpus en defensa de los adolescentes involucrados en las protestas.
En el caso de las medidas legales impulsadas por la Ciudad, las denuncias fueron presentadas en el fuero penal, contravencional y de faltas, que deberá investigar si hubo una violación al Código Contravencional porteño. La presentación judicial, que se realizó a través de la Procuración General, les imputa a las familias haber violado el artículo 60 de ese cuerpo normativo, que sanciona el ingreso o la permanencia en contra de la voluntad de un titular del “derecho de admisión”. Quien detenta el derecho en esta oportunidad son los directores de las diferentes escuelas y, por tratarse de establecimientos públicos, este recae finalmente en el gobierno de la ciudad.
La norma no prevé penas de cárcel, sino que establece como sanción que quienes sean hallados culpables realicen tareas comunitarias o paguen una multa. Respecto de los servicios a la comunidad, el castigo establece un máximo de cinco días, mientras que los montos de las multas oscilan entre los 200 y los 1000 pesos.
Protocolo antitomas
En 2018, el Ministerio de Educación porteño estableció un protocolo de actuación contra las tomas que forma parte de las “Pautas de la Convivencia Escolar”. La resolución dispone para los casos de tomas estudiantiles un procedimiento en el que se le da intervención al Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, así como al SAME, y por último se cita de forma inmediata a las familias para informarles que en esas condiciones el establecimiento no puede asegurar el cuidado de los menores, por lo que tienen que retirarlos.
El protocolo, una vez activado por la protesta estudiantil, establece que cuando haya padres que se nieguen o que convaliden la permanencia de sus hijos en la escuela se labra un acta administrativa en la que se individualiza al adulto responsable y los motivos de su conducta. A partir de la información de las actas que recabó el ministerio durante el actual conflicto, la Procuración General presentó las denuncias en la Justicia por la presunta comisión de una contravención.
Como se dijo, las primeras actas que se labraron fueron a padres del colegio Mariano Acosta que consintieron que sus hijos participen de las tomas. Luego se fueron sumando el resto de las escuelas hasta alcanzar un total de dieciséis denuncias. Por el momento, la Ciudad se limitó a presentar las acciones penales, pero no se constituyó como querellante en las causas, por lo que la responsabilidad de que la investigación avance o no recae en su totalidad en las fiscalías que intervienen.
En paralelo, se iniciaron expedientes en el fuero contencioso administrativo y tributario, en el que se busca que se repare el presunto daño generado en el patrimonio de la Ciudad por el pago de sueldos a personal docente y no docente en las jornadas educativas que se interrumpieron por las tomas.
El costo estimado por día que desembolsa la Ciudad pese a que las escuelas están cerradas es el siguiente: Mariano Acosta, $1.503.006,55; Lengüitas, $1.309.718,96; Federico García Lorca, $374.206,17; María Claudia Falcone, $377.585,05; Mariano Moreno, $876.608,45; P. Guaglinome, $554.251,75; Cerámica N°1, $820.410,56, y Osvaldo Pugliese, $291.178,16.
