En la Argentina, estamos inmersos en una espiral de eventos escandalosos que son sustituidos por otros, cada vez más vertiginosamente. Así ocurrió con la última aparición de Alberto Fernández en el programa A Dos Voces, donde pronunció lamentables definiciones que echaron más nafta al fuego de un clima que se viene caldeando por diversos factores.
Normalmente, estos episodios escandalosos tienden a diluirse con el correr de los días -a veces en el mismo día- con un nuevo mamarracho protagonizado por alguno de los actores principales o de reparto. Pero esta vez, tras la bochornosa aparición del presidente en TN, donde trazó un peligroso paralelismo entre el fiscal Alberto Nisman y el fiscal Diego Luciani, rayano a la amenaza o a la instigación al suicidio, el tema comenzó a agravarse con las consecuentes repercusiones y las explicaciones o aclaraciones que el propio presidente, y su vocera Gabriela Cerruti, pronunciaron horas más tarde intentando explicar lo inexplicable.
En su ansia de protagonismo, el Presidente parece haber entrado en una especie de etapa de autodegradación inédita. No solo se autodegrada, sino que parece hasta haber perdido el sentido de orientación de supervivencia. En una radio amiga, Alberto Fernández parece alcanzó una nueva cúspide en materia de ridículo al afirmar que fue a TN “a enfrentarlos y poner en crisis el relato de que Nisman fue asesinado”.
Este nueva peregrina e insólita noción, que solo cabe en la mente de los más fanatizados y radicalizados, no solo contradice la realidad -existe una investigación judicial en marcha sobre el asesinato del fiscal especial de la Causa AMIA, y hasta hay un fallo de la justicia federal que, así, lo determinó- sino que pone de manifiesto el grado de negacionismo en que vive el Presidente.
No hubo ningún enfrentamiento en los estudios de TN, sino un papelón mayúsculo, no solo por lo que desde el Poder Judicial y desde la oposición -casi unánimemente- se interpretó como una amenaza mafiosa, sino también por la inaceptable intromisión del Ejecutivo en otro poder de la república, al deslizar la posibilidad de un indulto presidencial para eximir de prisión a la vicepresidente en caso de una sentencia adversa.
Como era de esperarse, inmediatamente circularon registros audiovisuales en los que, en otros tiempos, Alberto Fernández opinaba otra cosa con respecto a la muerte del fiscal. Por otro lado, ese ofrecimiento anticipado -e inconstitucional- de indulto fue repudiado por el propio peronismo, que ahora aparece encolumnado detrás de la figura de Cristina Kirchner para quien semejante ocurrencia resulta inaceptable, pues implicaría la aceptación de la culpabilidad. Elocuente, en este sentido, fue Hebe de Bonafini, quien mandó al presidente a “callarse la boca”, contribuyendo otro granito de arena a esta espiral de esmerilamiento sistemático de la autoridad presidencial.
La marcha en apoyo a Cristina
Lejos de acabar aquí, el conflicto continuó agravándose con las escaramuzas entre la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y los fanáticos revoltosos que concentraron en inmediaciones del domicilio de la vicepresidente haciendo acampes, ollas populares y vigilias en señal de apoyo a la jefa, anticipando una eventual rebeldía y desacato a una sentencia que todavía se encuentra lejana en el calendario, y para la que aún faltan cumplir etapas procesales.
El clima ya venía bastante caldeado, aun desde antes de la solicitud de condena. Y, tal como lo interpretamos en nuestro último editorial, todo parece indicar que Cristina Kirchner busca su propio 17 de octubre, reeditando la épica de proscripción y persecución al peronismo que ella asegura encarnar.
Una vez concluido el alegato de Luciani, con el pedido de sentencia para los 13 imputados en la Causa Vialidad, comenzó un nuevo episodio de la Argentina surrealista que vivimos. Se han producido desde ese momento muchas marchas en todo el país, a favor de sindicada jefa de la asociación ilícita de la obra pública.
Si algo ha logrado Cristina luego de su respuesta al alegato del Fiscal Luciani es unir al Frente de Todos que, por estos días, se muestra más unido que nunca. Aprovechando los desmanes que fueron in crescendo en cercanías de su domicilio de Recoleta, Cristina apareció con una gorra con la leyenda CFK 2023, hecho que abona la teoría de que este podría ser su lanzamiento de campaña.
El PJ se declaró en estado de alerta y movilización “en defensa del Estado de Derecho”, que, a juicio del peronismo, estaría jaqueado. No es la primera vez que el peronismo o sectores ligados toman una postura peligrosamente desafiante ante los fallos judiciales. Hace pocos días CTERA había llevado adelante un paro nacional en reclamo por la absolución de Santiago Goodman, el exdirigente de ATECh que fue encontrado penalmente responsable del incendio de la Legislatura de Chubut registrado en septiembre de 2019.
Pero ahora la cosa parece más grave porque hay sectores del peronismo que redoblan la apuesta y amenazan con paros, movilizaciones y cortes hasta que se produzca la renuncia del pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No parece vana ni inofensiva la intimidatoria consigna que ahora abraza unánimemente el peronismo: “Si la tocan a Cristina, qué kilombo se va a armar”.
Entre las delirantes repercusiones, dentro de la coalición gobernante, surgió la propuesta de la realización de un “cabildo abierto”, como si estuvieran a la altura de Manuel Belgrano o de Mariano Moreno. Luis D Elía postuló que hay que “prepararse para la batalla contra la oligarquía el imperio y la Corte”. Un concejal de Esquel fue forzado a pedir licencia por no firmar un comunicado en defensa de Kirchner. En términos algo más elegantes, Ricardo Forster expresó su “entusiasmo” ante las movilizaciones y consideró que la derecha judicial y política abrió “una caja de pandora”, que “se despertó un gigante dormido”, que es tiempo de “construir política” y de “medidas para los jubilados y los trabajadores", y que “estamos en un momento de peligro de la vida democrática porque está jaqueado el Estado de Derecho”.
Otra cosa que parece haberse logrado en esta la escalada de acontecimientos es que prácticamente ya poco o nada se habla de la gestión en Economía de Sergio Massa.
Aquí surgen los siguientes interrogantes: ¿Qué sigue después de que un partido político -en este caso, el partido gobernante- sugiere o postula que el Estado de Derecho está jaqueado? ¿Cómo se defiende un Estado de Derecho ”jaqueado? ¿Quién o quiénes ”jaquean” al Estado de Derecho? Hay una cantidad de modelos a la vista en todas esas autocracias aliadas del Caribe y de Medio Oriente, donde podríamos encontrar respuestas. Si este es el diagnóstico, pues lo lógico es que le siga el tratamiento: ¿Contra quién o quiénes? No es difícil la respuesta, por más descabellada que parezca.
Otra cosa que parece haberse logrado en esta la escalada de acontecimientos es que prácticamente ya poco o nada se habla de la gestión en Economía de Sergio Massa, que, por estos días, aprovechando el avispero pateado, realizó recortes en Salud y Educación, pasando algo desapercibido.
Con el foco de atención puesto en el reality político, a la opinión pública se le está pasando lo que se viene en materia económica. Los especialistas estiman que la “redistribución de subsidios con justicia social” de Massa va a ser tres veces más grande que la de Guzmán. Y mientras todos están entretenidos, algunos se hacen los distraídos. Pero cuidado porque la piña es inminente, y va a ser muy fuerte.
