La administración provincial relativiza las críticas, que atribuye a motivos políticos. El gobernador es uno de los aliados de Alberto Fernández en el interior.
Las acusaciones por muertes evitables y violaciones a los derechos humanos por las condiciones de aislamiento y los manejos del sistema de salud público no cesan de emanar de los barrios de las distintas localidades de Formosa y de las filas de la oposición local y nacional. Sin embargo, el gobierno de Gildo Insfrán relativiza los cuestionamientos, aumenta las restricciones a la circulación y busca paliar el malestar con anuncios de medidas de ayuda económica estatal directa.
Las críticas no cesan desde el año pasado, pero el gobierno provincial lejos está de ajustar el modo de imponer las restricciones. Desde marzo, entre fuertes protestas en contra, y antes que cualquier provincia, Insfrán ordenó regresar a Fase 1. Sin embargo, la curva de casos y contagios sigue en alza. Los indicadores del gobierno provincial informaron que esta semana los contagios aumentaron un 84 por ciento, y las muertes un 74 por ciento, en relación a la anterior. El domingo se detectaron 594 casos y fue un día de récord de muertes, con 14 fallecidos por coronavirus.
Mientras endurece las restricciones, el Gobierno lanzó la semana pasada un programa de ayuda económica titulado “Programa de Asistencia Financiera Extraordinaria a la Economía Local” para “atenuar los efectos de la emergencia sanitaria”, con “apoyo económico directo” a trabajadores formales y cooperativistas; línea de crédito subsidiada para MiPyMes; subsidios del 100% en servicios públicos de agua y energía de pequeños y medianos comerciantes afectados por las medidas de aislamiento preventivo.
Las restricciones, acompañadas de ayudas monetarias directas del Estado provincial, se endurecen cuando se reproducen las reiteradas denuncias por violaciones a los derechos humanos. La semana pasada hubo dos casos de muertes donde las familias de víctimas del coronavirus acusaron falta de asistencia y “abandono de persona” por las condiciones de aislamiento que se imponen en esa provincia.
Uno de ellos fue el de Juana Gómez, de 60 años, quien se encontraba internada por su cuadro de COVID-19, conectada a un respirador en un centro especializado y fue trasladada a uno de los centros de aislamiento que montó el gobierno de Insfrán en una escuela para albergar a personas infectadas. Falleció menos de 24 horas después de la derivación y su familia apuntó contra el sistema de salud público.
“Me despedí de ella esta mañana y después me enteré, a través de uno de mis hermanos que vive en Formosa, que la habían trasladado. ¿Cómo es posible? Ella tenía una patología previa, tenía problemas respiratorios, cardíacos, hipertensión arterial, fue operada y tenía un stent, además de su sobrepeso. Es como que prácticamente hicieron un abandono de persona. No pueden mandar a alguien con esas patologías a un lugar que no está preparado con otras cinco personas”, dijo el hermano de la mujer fallecida, Gumercindo Gómez, en diálogo con Infobae.
Ante la consulta de Infobae sobre las acusaciones por el fallecimiento, desde el gobierno formoseño remitieron al comunicado que emitió el doctor Mario Romero Bruno, director del Hospital Central de la ciudad de Formosa y uno de los epidemiólogos que asesoran a Insfrán. El especialista evitó referirse a las acusaciones sobre la responsabilidad del gobierno en el fallecimiento de la mujer y lo atribuyó a sus condiciones de salud preexistentes. “Había dado COVID-19 positivo y tenía como factores de riesgo la obesidad y la hipertensión arterial. Fue un daño cardíaco agudo lo que produjo su muerte”, dijo el médico, que integra el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Y destacó que era pariente de un miembro del personal de salud provincial. Sus declaraciones fueron oficializadas a través de Argenfor, la web del gobierno de Formosa.
El otro caso más reciente fue el de un hombre de 47 años murió camino al hospital, trasladado por su familia, en la ciudad de Clorinda, luego de una complicación por COVID-19. Sus parientes denunciaron que debieron llevarlo en un vehículo propio ya que la ambulancia “nunca llegó”, a pesar de que corroboraron que había unidades disponibles. También acusaron al sistema de salud por “falta de cuidados”. “No quisieron internarlo y ponerle oxígeno. Cuando llegamos al hospital nadie nos dijo nada, porque acá en Formosa se manejan así, que se mueran los que se tengan que morir y listo. Nadie de este gobierno se comunicó con nosotros, y no tenemos esperanza de que vayan a hacerlo. Porque con este gobierno vamos de mal en peor”, dijo uno de los familiares.
Hace dos meses, algunos de los máximos referentes de PRO, entre ellos la presidenta del partido, Patricia Bullrich, y el diputado nacional Waldo Wolff viajaron a la provincia e hicieron una serie de actos y declaraciones públicas donde cuestionaron con dureza las restricciones “extremas” a la circulación y la imposición de condiciones dañinas para el cuidado de la salud. En un contexto de hermetismo, el gobierno de Formosa niega cualquier responsabilidad en los fallecimientos y acusa a la oposición por “politizar” la pandemia a través de las denuncias.
El mandatario provincial tiene el apoyo del presidente Alberto Fernández, que se hizo explícito recientemente a través de las declaraciones de apoyo que hizo en distintas ocasiones su secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, referente del kirchnerismo. Y la semana pasada, una comitiva de funcionarios del Ministerio de Salud nacional viajaron a Formosa “para acompañar la planificación y el fortalecimiento del sistema sanitario”.
Sin embargo, por las graves, reiteradas e insistentes acusaciones, la figura del gobernador causa incomodidad en el gobierno nacional y cada vez son más los altos funcionarios que -por lo bajo- cuestionan su gestión. Aunque, por ahora, el vínculo del gobernador y la Casa Rosada sigue en pie e Insfrán continúa en la lista de aliados de la Casa Rosada.
