La defensa de Raul “Chuli” Jorge, a cargo del Dr. Facundo Chañi, solicitó éste miércoles, el sobreseimiento del intendente capitalino por cuanto no se reúnen aspectos típicos del delito imputado, ni en grado de autor ni en grado de partícipe necesario, ni se puede endilgarle delito alguno en cumplimiento de sus funciones como intendente: como al suscribir a un programa nacional de viviendas, ni al crear un órgano de control, la Unidad Ejecutora Municipal, requerida por el propio programa; ni siquiera por los desembolsos de dinero por cuanto el intendente no firmó personalmente ninguno.
El defensor del intendente explicó a NOTINOR.COM que todo el circuito administrativo perverso, en el que la responsabilidad primordial podría recaer sobre los funcionarios de los organismos que tenían a su cargo la tarea de controlar, era requisito del Programa Federal de Integración Habitacional Sociocomunitaria. Además, si bien no fue el argumento principal de la defensa, el letrado indicó que no se puede soslayar mencionar al clima de presiones ineludibles que se vivía en épocas en que Milagro Sala era cabeza de un Estado Paralelo.
EL INTENDENTE JORGE NO COMETIÓ NINGÚN DELITO
“No se puede imputar al intendente, como presidente del Ejecutivo Municipal, por acciones potencialmente imputables a sus subordinados, por aplicación del Principio de Confianza. Las acciones que realizan los subordinados dentro del ejercicio de las funciones delegadas les caben exclusivamente a ellos. El intendente no es responsable, por ejemplo, por las exacciones ilegales que exigiría un hipotético agente de tránsito corrupto”, explicó el letrado exponiendo uno de los principios del derecho administrativo.
El intendente, como todo presidente de un Poder Ejecutivo, tiene dentro de sus funciones el crear unidades de organización, dentro de la organización municipal, para que realicen determinadas tareas. En las personas designadas a cargo de estas, el presidente del Ejecutivo Municipal delega facultades y responsabilidades propias para la concreción de dichas tareas.
“Crear unidades de organización dentro de la organización no constituye un delito, sobre todo cuando la creación de un órgano como la Unidad Ejecutora Municipal venía impuesto como condición en el propio convenio que investigó la fiscalía que dio lugar a la Megacausa”, señaló.
“Designar personas a cargo de estas unidades de organización tampoco es un delito. Se designa a personas idóneas que cumplen con los recaudos exigidos por la ley”, agregó.
Dejando sentado que en el convenio de construcción de viviendas sociales suscripto con Nación, donde se comprobaron los faltantes de obras pagadas que nunca fueron ejecutadas o que fueron subejecutadas, venía la exigencia de crear un órgano de contralor denominado Unidad Ejecutora Municipal, para que controle, verifique y fiscalice la concreción de las distintas etapas de construcción, el abogado continuó con su resumen de una exposición que duró al menos tres horas ante el juez Isidoro Cruz.
El problema u obstáculo que surgía aquí era que, dadas las circunstancias de público conocimiento de ese momento, era imposible efectivizar el control por los funcionarios de dicho organismo debido a que directamente se les impedía entrar al barrio donde debían controlar.
El funcionario a cargo del organismo en cuestión denunció pública y formalmente, en reiteradas oportunidades, la imposibilidad fáctica y la obstaculización sistemática que se hacía desde las organizaciones sociales, aparte de las presiones que sufrió para ejercer las tareas de contralor que le delegó el intendente como jefe de la UEM. “No se les permitía entrar a los funcionarios a que verifiquen las obras. Los barrios de la Tupac eran barrios cerrados, cercados, con guardias, garitas de guardias, vallas, torres de vigías, tal como se pudo ver en el programa que emitió Jorge Lanata al respecto; era como entrar a un cuartel, tenían guardias, vallados, casillas... todavía están ahí las casillas”, expuso Chañi.
Según el abogado, y de esto hay constancia, dicho funcionario solo pudo entrar una sola vez a un predio de viviendas, pero fue llevado, prácticamente secuestrado, por elementos que respondían a Milagro Sala, “fue en la época que agredieron a Gerardo Morales en el Concejo de Ciencias Económicas; lo vinieron a buscar a la Municipalidad, lo subieron a una camioneta dos hombres armados –según relató en su momento el funcionario- y lo llevaron a que realice una especie de inspección visual”, sostuvo.
El funcionario denunció no solo la imposibilidad y las obstaculizaciones para entrar al barrio a controlar, sino que también denunció presiones personales, "autos estacionados en inmediaciones de su domicilio, autos que lo seguían en todo momento". Las denuncias se hicieron en su momento, y hasta se realizaron posteriormente ante el fiscal Farfán, titular de la Fiscalía 3ra en su momento, quien lamentablemente las archivó y no les dio curso dentro del expediente.
Lo cierto es que el clima que se vivía era ese, y de ello puede dar constancia el Fiscal Anticorrupción, quien fue prácticamente echado a patadas del “cantri” de la Tupac, cuando quiso ingresar posteriormente al 10 de diciembre de 2015. “El tuvo que pedir el auxilio de Gendarmería para poder entrar”, aseguró Chañi y añadió “si así fue posteriormente al día de cambio de gobierno ¿cuánto más era antes?”.
EL CIRCUITO
El circuito administrativo que se creó para que los fondos se liberen a las cooperativas era el siguiente: Nación, IVUJ, Municipios, Cooperativas, Gobierno Provincial a través de la UEP y de vuelta a Nación. En cada etapa debía realizarse la verificación y fiscalización. “Las cooperativas remitían a la Unidad Ejecutora Municipal las certificaciones de obras, de finalización o de inicio de etapa, estas debían fiscalizarse, pero como se ha demostrado era imposible hacerlo, de aquí pasaban a la Unidad Ejecutora Provincial, donde también se debía fiscalizar, y de aquí a Nación donde lógicamente también se debía controlar, Nación autorizaba el desembolso, y comenzaba de nuevo el circuito”, expuso Chañi.
Todo expediente que salió del municipio lo hizo en cumplimiento del trámite administrativo previsto. “Los fondos que llegaban de Nación ni siquiera ingresaban al patrimonio municipal sino que eran depositados en una cuenta especial, creada durante el gobierno de José Luis Martiarena, para que dichos fondos nacionales no se mezclen con los flujos de fondos municipales, y para que sean inembargables”.
“La Municipalidad debía, administrativamente, liberar los fondos en cuanto la certificación de obra era presentada por las cooperativas; todo el tiempo de un desembolso venía calculado desde la disponibilidad de los fondos hasta su liberación; ellos mandaban a personas a cobrar y se quedaban hasta que se les liberaban los fondos, ejerciendo presiones sobre funcionarios y empleados, exhibiendo armas de fuego en las ventanillas… muchas veces los empleados se tuvieron que quedar excediendo sus horarios, hasta las 18:00 o más, hasta que el expediente hacía todo su recorrido y tenía el visto bueno de todo el mundo y finalmente lo liberaba Tesorería, como correspondía administrativamente”, expuso, al tiempo que justificó los sobreseimientos de Karina Argañaraz y Norma Aguirre al respecto, ya que ellas, como titulares de Tesorería, no tenían ninguna responsabilidad más que ver que los expedientes tengan los vistos buenos correspondientes de cada área involucrada y liberar, en base a ello, los fondos, “en este caso se endosaba el cheque que venía para las cooperativas, el intendente no firmó ninguno”.
“Si en Nación se dieron cuenta que no se habían hecho las verificaciones a cargo de dos Unidades Ejecutoras, cabe preguntarse ¿por qué seguían enviando los fondos si las obras estaban sin fiscalizar?”, se preguntó el defensor del intendente Jorge. “El intendente no firmó ninguno de los informes de la UEM, ni de la provincia, ni de la secretaría nacional a cargo del programa; eso lo hacían los funcionarios que estaban a cargo de la UEM, o de la UEP, y en Nación respectivamente”, insistió.
“En provincia se tenía conocimiento de la imposibilidad de controlar, de las presiones, ellos mismos eran objeto de presiones y ellos mismos no controlaban y elevaban las certificaciones por una orden superior de obviar el paso y mandar todo de nuevo a Nación… era imposible detener un expediente solo porque faltaba un control… te incendiaban la ciudad, venían al Municipio, acampaban adentro del hall o los pasillos, tiraban bombas de estruendo; si se llamaba a la policía el Gobierno Provincial mandaba solo 4 efectivos”, puntualizó.
“Entonces, de la UEM salían las certificaciones de obras de la cooperativa, con la constancia de la imposibilidad de fiscalizar, con las denuncias hechas como corresponde, y llegaban a la UEP, y esta hacía prácticamente lo mismo y remitía a Nación, que era el último punto de control antes de liberar fondos, y se liberaban a pesar de todo lo dicho”, explicó el abogado sobre el funcionamiento del circuito administrativo que se hacía para liberar fondos a las cooperativas.
Las obras salían certificadas de las cooperativas y, al no poder ir al barrio a verificar, había que confiar en lo que decían las cooperativas, “la primera fiscalización la hacía la cooperativa, con formularios de compras de materiales, con la rendición de gastos, siempre daban los números justos con el dinero que llegaban porque ellos sabían exactamente lo que llegaba”.
“En general se saltó la verificación municipal, pero en definitiva la que autorizaba los fondos era Nación, con el visto bueno de la UEP. En última instancia quienes tenían a su cargo la última verificación era Nación, desde no se hacía ni el intento. El convenio acuerda específicamente que no se iban a liberar los fondos hasta tanto no se completen los requisitos de la etapa anterior, sin embargo así es como siempre funcionó”, esgrimió.
EL INTENDENTE SOLICITABA LOS FONDOS PORQUE ERA UN REQUISITO FORMAL QUE LO HAGA Y PORQUE ESTABA PRESIONADO COMO LOS OTROS INTENDENTES.
Uno de los puntos en que se apoya la imputación era que el intendente era quien solicitaba los fondos a Nación. Y es que en el circuito previsto: Nación, IVUJ, Municipios y finalmente Cooperativas, la solicitud de los intendentes era un requisito formal del convenio.
“Desde las organizaciones sociales lideradas por la Tupac tenían un conocimiento interno impresionante. Sabían cuando había fondos disponibles, tenían ojos en el Municipio, en el IVUJ, en Nación, y se enteraban antes que los funcionarios”, relató Chañi.
“De acuerdo al convenio era el intendente el que tenía la obligación de solicitar los fondos y firmar dicha solicitud; era un requisito formal, así estaba diseñado el circuito”, expresó.
“Los fondos llegaban en un paquete para varios municipios, si faltaba la firma de un intendente no estaban disponibles los fondos, entonces lo que hacían los señores de las organizaciones sociales era llevar la solicitud, el formulario, ya redactado y hasta con el sello del intendente al que solo había que ponerle la firma… tenían un sello del intendente, ¿si eso no es una presión qué lo será?”, continuó.
Así iban, intendencia por intendencia, solicitando las firmas y apurando a los intendentes a que firmen; cada uno se preocupaba de firmar porque la ausencia de una firma era motivo de que las organizaciones sociales, al tomar conocimiento, se movilicen en las condiciones a que estábamos acostumbrados en esos tiempos. “Si un intendente no firmaba el formulario, no había fondos para los otros intendentes”, enfatizó.
“Los convenios venían también sin fecha; le hacían firmar a los intendentes dos o tres convenios; ellos tenían que hacer coincidir la fecha con el desembolso que venía de Buenos Aires. Entonces los convenios salían firmados sin fecha, la fecha se la ponían en el IVUJ”, relató el abogado asegurando que pidió periciales caligráficas para echar luz sobre este punto.
EL MUNICIPIO PAGABA A PERSONAS AUTORIZADAS A COBRAR
Otro de los puntos de la imputación del fiscal es que “la Municipalidad le pagaba por Tesorería a cualquiera”, a personas que no eran los presidentes de las cooperativas, lo cual es absolutamente falso.
“Lo que pasaba era que, en primer lugar eran muchas las cooperativas por barrio, salvo ODIJ que era la más grande, a una cooperativa se le daban dos viviendas, a otra se le daban otras dos, a otra otras dos, y así se completaba un barrio; entonces se juntaban unas 50 cooperativas y designaban a una persona, le otorgaban un poder, y esa persona venía al municipio y exhibía el poder para cobrar en nombre de todas esas cooperativas”, relató.
“Se presentaban por ventanilla, exhibían el poder certificado por escribano ¿y qué se podía hacer? Había que pagar sin demorar o se movilizaban paralizaban la ciudad o rompían todo”, subrayó.
“Todas las cooperativas tenían domicilio en Alvear 1152; lo hacían así, según declaró la escribana Trenque, para tener mejor poder de negociación en las compras… no es lo mismo comprar para una casita que comprar material para 100, los costos se abaratan mucho, lo cual es válido”, continuó.
“A las personas que se pagaba, puntualmente eran dos, que tienen que declarar ésta semana, Gladys Díaz y Mirta Aisama, ellas eran las que cobraban en nombre de las cooperativas; tenemos documentado todos y cada uno de los poderes que exhibieron; ellas iban a cobrar siempre; nunca se le pagó a ninguna persona que no acreditara identidad o carta poder, como lo hicieron ellas a nombre de las cooperativas”, esgrimió.
¿CÓMO SIGUE LA CAUSA?
El Dr. Facundo Chañi adelantó a NOTINOR.COM que esta semana deben declarar Gñadys Díaz y Mirta Aisama, como así también Milagro Sala.
También adelantó que en el marco de la investigación solicitó se cite a declarar como testigos a Ekel Meyer, quien en su momento fue funcionario municipal; al gobernador Gerardo Morales y al fiscal Anticorrupción, Joaquín Millón Quintana.
Asimismo espera que el tribunal esté en condiciones de resolver el sobreseimiento de Raúl “Chuli” Jorge ya que confía en haber probado que no corresponde la imputación por cuanto no cumple con los requisitos formales de tipicidad.
“En la defraudación a la administración pública por desvío de fondos, se requieren los mismos requisitos que en la estafa; error, daño y dolo. Aquí no hay dolo porque el intendente no realizó ninguna de estas acciones para enriquecerse ni para enriquecer a terceros,además de no haber firmado ninguna certificación de obra o liberado fondos”, concluyó el abogado.
Comments 1