Fuentes judiciales informaron la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, presidida por Eduardo Riggi e integrada por las vocales Ana María Figueroa y Liliana Cartucci, la que en mayoría rechazó los recursos de casación interpuestos por la defensa de Solá Torino y las de los otros tres condenados en ese juicio.
De esa manera, el tribunal confirmó en todo el fallo anunciado por el TOF, el 4 de abril de 2016, cuando condenó a Solá Torino a seis años de prisión como autor del delito de cohecho pasivo.
En el mismo fallo, el TOF condenó a otros tres acusados, mientras que el sindicado narco acusado de haber pagado la coima, Miguel Farfán, fue declarado en rebeldía, ya que no se sometió al proceso.
El juicio comenzó el 3 de noviembre de 2015 y estuvo a cargo de los jueces Marta Liliana Snopek, Federico Santiago Díaz y Gabriel Casas, quienes también le aplicaron a Solá Torino una multa de 90.000 pesos.
En tanto, los otros tres condenados, Héctor Salazar, Graciela Ferreyra y Gabriela Vázquez, recibieron una pena de tres años de prisión y una multa de 30.000 pesos para cada uno, por ser considerados “partícipes necesarios” de “cohecho activo”.
De acuerdo con la investigación, Farfán estaba relacionado con Salazar, quien a través de Ferreyra y Vázquez, madre e hija, tenía acceso al despacho de Solá Torino y gestionaron la coima.
Farfán había sido condenado en 1999 por narcotráfico y estaba prófugo desde 2003, cuando no regresó de una salida transitoria.
Durante el juicio se analizaron más de 200 comunicaciones telefónicas entre los imputados y el ex juez, destituido por mal desempeño de sus funciones.
En el marco de esas escuchas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) advirtió que Farfán, Salazar, Ferreyra y Vázquez conversaban constantemente sobre las gestiones realizadas ante un tal “Toto” para dejar sin efecto la orden de captura que recaía sobre el primero.
Farfán manifestó que ya estaba cansado de las distintas exigencias del tal “Toto" o "Gordo” y lo identificó como Solá Torino, juez de Ejecución de Sentencia, a quien dijo que le había pagado para el levantamiento de su captura.
Farfán también está imputado en la causa que involucra al suspendido juez federal de Orán, Raúl Reynoso, que es juzgado por conformar y liderar una asociación ilícita que, desde el propio juzgado y con la intermediación de un grupo de abogados cercanos, cobraba coimas o dádivas para beneficiar con gestiones judiciales a narcotraficantes.
Al momento de expresar su parecer en el fallo, Figueroa consideró que en el caso analizado “el juez no cumplió sus funciones en el ámbito de control de cumplimiento de la pena de una persona condenada por un delito con fidelidad y apego a la ley”.
Además, consideró que, por el contrario, “actuó con vanalidad, pues a cambio de una suma de dinero dictó un auto en violación a la ley y de ese modo además traicionó los principios éticos y de rectitud que se le imponían, a la vez que perjudicó al Estado como legítimo depositario de la administración de justicia y a la sociedad toda”.
Si bien la defensa de los condenados presentó el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia, por considerar injusto el fallo de segunda instancia, es la propia Cámara Federal de Casación la que debe resolver si lo admite o lo rechaza.
En caso de admitirlo, la causa pasará a la Corte Suprema y los efectos de la condena seguirán suspendidos, por lo que el ex juez federal condenado esperará en libertad la decisión del máximo tribunal.
En caso de rechazo de la Cámara, la causa irá en queja a la Corte, pero sin efectos suspensivos de la condena, con lo que Solá Torino debería quedar inmediatamente detenido, al igual que Ferreyra, que fue declarada reincidente, por lo que su pena sería efectiva, mientras se resuelve si la sentencia queda firme.
