Nunca como en el año que acaba de terminar el Gobierno incidió tanto en la agenda parlamentaria. Las estadísticas son elocuentes: en 2014 el Congreso sancionó 83 leyes provenientes del Poder Ejecutivo, más del doble que el año pasado. Es más, esta cifra supera largamente el promedio de 45 leyes anuales que el Congreso le aprobó al Gobierno desde 2007, cuando Cristina Kirchner arribó al poder.
En rigor, el año pasado fue uno de los más prolíficos de los últimos tiempos en materia legislativa. Se aprobaron 187 normas en total, de las cuales 104 tuvieron origen en el Poder Legislativo y las restantes 83 en el Ejecutivo. Una cosecha mucho mejor que la del año pasado, en el que se sancionaron sólo 86 normas. Sin embargo, esta abundancia de leyes no se tradujo en un mayor debate, que es el quid de la tarea parlamentaria. Muy por el contrario, el Congreso -sobre todo la Cámara de Diputados- se consagró este año como una "escribanía exprés" del Gobierno, capaz de despachar leyes oficiales de una semana para la otra, casi sin introducir modificaciones.
"La democracia significa ser inclusivo en el debate, y esto no ocurrió con el oficialismo en el Congreso este año -enfatizó María Baron, de la Fundación Directorio Legislativo-. Prácticamente no hubo agenda consensuada con la oposición, al punto de que en la Cámara de Diputados hubo récord de sesiones especiales, es decir, en las que el oficialismo impuso el temario. Lo hizo sin necesidad porque tiene la mayoría."
Así, por obra y gracia de la mayoría oficialista, se sancionaron los nuevos códigos Civil y Comercial y el Procesal Penal de la Nación; también, las leyes de comunicación audiovisual; de inversión para la explotación de hidrocarburos; una nueva norma para regular el abastecimiento, y, por si fuera poco, otro canje de deuda soberana.
Todas esas normas marcaron la agenda política y económica del país, pero, sin embargo, se aprobaron a toda velocidad, con escaso debate en las comisiones y, por ende, con muy pocas modificaciones en sus articulados. Las únicas excepciones fueron la ley de comunicación audiovisual y el Código Procesal Penal, en los que, por una virtual rebeldía en el bloque oficialista de senadores, el Gobierno admitió algunos cambios. "Todas las iniciativas, sin diferenciar la relevancia de uno u otro proyecto, fueron sancionadas en tiempo récord, y en la gran mayoría de los casos, sin que se respetaran los plazos establecidos en el reglamento -fustigó el jefe del bloque radical, Mario Negri-. No existió espacio para un debate enriquecedor ni se aceptaron modificaciones impulsadas por los bloques de la oposición."
Si los proyectos del Poder Ejecutivo gravitaron por su impacto político, los del Poder Legislativo se destacaron por lo contrario. Se aprobaron declaraciones de todo tipo y color, como la de consagrar a Chaltén como capital del trekking; a Pico Truncado, como capital del hidrógeno; a Bariloche, como capital del chocolate, y a Oberá, como capital de los inmigrantes.
No hubo límites para la imaginación: se establecieron los días nacionales del mate, de los valores villeros, del humorista, del barrendero, del inmigrante libanés, del abogado laboralista y, por qué no también, del empresario nacional. Se aprobaron, también, once nuevas universidades, sin consentimiento del Consejo Interuniversitario Nacional, pero funcionales para la campaña electoral.
"Nunca vi un abandono del deber de representación de los legisladores como en este año. Da vergüenza que no cumplan con el deber mínimo que el pueblo les confirió, dejando todo el peso de la agenda parlamentaria en el Gobierno", criticó Federico Pinedo, jefe del bloque de Pro.
En cuanto a la cantidad de sesiones, el Congreso se recuperó del bajón del año pasado, un año electoral. Un informe de la Fundación Directorio Legislativo indica que hubo 40 sesiones en ambas cámaras (19 sesiones en Diputados, 21 en Senado), de las cuales 6 fueron de carácter informativo (3 por cada cámara) en las que el jefe de Gabinete dio cuenta del estado de la gestión. Así, hubo en total 12 sesiones más que en 2013, incluyendo la última de la semana pasada, cuando se convirtió en ley la elección de los legisladores del Parlasur en forma simultánea con la de presidente y vice.
La Cámara alta es respetuosa de los códigos parlamentarios y, por lo general, todas sus sesiones fueron ordinarias, es decir, los temarios eran consensuados con la oposición. No fue así en la Cámara de Diputados, en el que predominaron las sesiones especiales, un atajo para acortar los tiempos e imponer la agenda de los debates. Fue por esta modalidad que la mayoría de los bloques de la oposición criticó la actuación de Julián Domínguez como presidente de la Cámara baja el día en que reasumió la presidencia del cuerpo.
"La discrecionalidad y el abuso de las sesiones especiales fue la marca indiscutible del año parlamentario que termina: el 81% de las sesiones en las cuales se debatieron y aprobaron proyectos fueron especiales y no ordinarias -criticó el radical Negri-. Ello no sólo violó el reglamento, sino que implicó que no pudieron tratarse en el recinto otros temas distintos de los que propuso el oficialismo, y que son los que verdaderamente preocupan a la sociedad argentina."
En efecto, hubo varios tópicos marginados en la agenda legislativa. Por ejemplo, el tema seguridad estuvo prácticamente ausente, al igual que el problema inflacionario: el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias tampoco fue modificado. Tampoco hubo innovaciones en materia de transparencia electoral ni se avanzó en una nueva ley de acceso a la información, demorada hace años en el Congreso.
