Los controles a la prensa en Venezuela no cesan. En esta ocasión, impuso una prohibición judicial de salida del país a 22 directivos de medios de comunicación, a los que acusó de difamación "agravada continuada" por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello.
Los acusados, que pertenecen a El Nacional, La Patilla y Tal Cual, deberán presentarse una vez por semana en el tribunal de la jueza 12° de juicio, María Eugenia Núñez, tal como lo había solicitado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen chavista.
La información trascendió de forma extraoficial, pues los afectados no fueron informados formalmente. Del mismo modo se supo que el titular de la AN ratificó la acusación hecha el 28 de abril contra los 22 directivos, la cual fue admitida el 5 de mayo por el tribunal.
La acción judicial se basa en la reproducción por parte de El Nacional, La Patilla y Tal Cual –entre tantos otros medios nacionales e internacionales- de una información publicada por el diario ABC de España. El medio español citó declaraciones del ex jefe de seguridad de Cabello, Leamsy Salazar, quien lo acusó de mantener vínculos con el narcotráfico. En particular, lo sindicaba de ser uno de los líderes del Cártel de los Soles. En rigor, la noticia fue publicada originalmente el 25 de enero de 2015.
"Desde el día 27 de enero de 2015 han venido en forma sistemática y progresiva apareciendo múltiples informaciones en El Nacional, Tal Cual y La Patilla, de los que desprendemos el grave perjuicio que estos medios han generado sobre nuestro representado, su reputación y honor", aseguró la querella de Cabello.
El diario El Nacional recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reivindicó en 2004 la doctrina de reporte fiel, según la cual no constituye un delito la reproducción de información originada por terceros.
Además, el diario venezolano afirma que se podría estar violando el debido proceso ya que cada uno de los 22 acusados debería haber sido llamado a citación indagatoria por el tribunal, algo que no sucedió desde el momento en que la demanda presentada por Cabello fue admitida. "Se trataría de un proceso a espaldas de los afectados", indica el medio.
En el escrito acusatorio presentado por el hombre fuerte del régimen se argumentan "presunciones razonables" para prohibir la salida del país y obligar a la presentación semanal a los acusados.
Los señalados en la demanda de Cabello y afectados por las medidas impuestas por la jueza Núñez son: Miguel Henrique Otero, Mariana Otero, Argenis Rafael Martínez Mota, José Simón Elarba Haddad, Oswaldo Karam Macía, Luis Carlos Serra Carmona, Juan Andrés Wallis Brandt, Omar José Delgado Lugo, Jorge Papatzikos Gianopulos, Vivianne de Lourdes Font Fernández, Ramón José Medina Simancas, Beatriz Cecilia De Majo de Algisi, Carmen Elena Macía Fortique, Leopoldo Eduardo López Mendoza, Teodoro Petkoff Malec, Juan Antonio Rafael Golia Amodio, Francisco Layrisse, Manuel Antonio Puyana Santander, Alberto Federico Ravell Arreaza, Isabel Cristina Ravell Nolck y David Alberto Morán Bohórquez.
CONDENA DE LA SIP
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la orden de un tribunal contra los involucrados en la demanda judicial impuesta por el político chavista Diosdado Cabello
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la orden de un tribunal venezolano que prohíbe la salida del país a 22 periodistas involucrados en la demanda judicial por reproducir una información que vincula al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con el narcotráfico. El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, declaró que dicha decisión "muestra, una vez más, cómo el sistema judicial venezolano es utilizado como un instrumento del poder político".
La jueza venezolana María Eugenia Núñez emitió este martes la orden de restricción, que alcanza a los dueños y directivos de los diarios El Nacional, Tal Cual y la publicación digital La Patilla, tal como lo solicitó Cabello al interponer su demanda por difamación el pasado 23 de abril. Entre los afectados figuran Miguel Henrique Otero, director de El Nacional; Teodoro Petkoff Malec, director de Tal Cual; y Alberto Federico Ravell, propietario de La Patilla.
Los tres medios citados reprodujeron una información del diario español ABC basada en declaraciones del militar Leamsy Salazar, ex jefe del grupo de seguridad de Cabello. "La información, avalada por los editores del diario español, sostiene que Cabello sería uno de los jefes del Cártel de los Soles, que trafica con cocaína en Venezuela", recogió la SIP, con sede en Miami.
Mohme aseguró que "no se cumple con las garantías del debido proceso, que implican que el juez debió citar primero a los demandados en forma individual para evaluar si procede o no dictar medidas de arraigo en cada caso particular". Un procedimiento judicial que, apuntó la SIP, "rompe con los principios" establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dictaminó que los "medios no pueden ser responsables por publicar en forma fiel informaciones que fueron originalmente difundidas por otros medios".
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, indicó que la "acción judicial ocurre en un marco general de graves restricciones y ataques contra los medios críticos e independientes" que han "desenmascarado el clima de autoritarismo que propicia el régimen del (presidente venezolano) Nicolás Maduro".
Paolillo remarcó que "este acoso judicial es un eslabón más de una larga cadena restrictiva que incluye ahogar a los medios privados para comprarlos, directamente o a través de testaferros". Y así montar "una extensa maquinaria de propaganda", puntualizó Paolillo, "la cual conspira contra el libre flujo de información plural y diversa, que es necesario para que haya democracia".















