El gobierno venezolano dijo que utilizará todos los recursos a su alcance para dar una réplica “directa y proporcionada” a lo que considera “un robo descarado”.

El gobierno de Venezuela advirtió que dará una “respuesta contundente” ante el traslado desde Buenos Aires hacia los Estados Unidos del avión de la venezolana Emtrasur Cargo que llegó a la Argentina en junio de 2022 con tripulantes venezolanos e iraníes sospechosos de espionaje y cuya retención desató un escándalo con Caracas.
Tras conocerse que la aeronave salió de Buenos Aires durante la madrugada del lunes, el gobierno de Nicolás Maduro fijó posición en un comunicado. “Venezuela, libre y soberana, dará una respuesta contundente, directa y proporcionada ante este ataque, para lo cual usará todos los recursos disponibles en el marco de la Constitución nacional, la diplomacia y el Derecho Internacional”, afirmó.
En el escrito, difundido en X por el canciller venezolano, Yván Gil, Caracas señaló que el traslado representa la consumación de un “robo descarado”, luego de “la confabulación” entre Washington y Buenos Aires, que “de manera artera han violado todas las normas que regulan la aeronáutica civil”.

Según el texto, se trata de una “vergonzosa operación de rapacería” que se suma a la lista de “agresiones delictivas” contra Venezuela ejecutadas por los Estados Unidos y que incluyen “el secuestro de activos” y “la aplicación de más de 930 sanciones ilegales”, añadió. El estado venezolano insistió en que ejercerá “todas las acciones que permitan restablecer la justicia y lograr la restitución de la aeronave a su legítimo propietario”.
El Departamento de Justicia estadounidense informó en un comunicado que la aeronave fue “devuelta con éxito” para su entrega a las autoridades. El Boeing 747 llegó este lunes al distrito sur de Florida desde Buenos Aires.
La aeronave fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur Cargo, filial de la estatal venezolana Conviasa. Ambas empresas están sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El avión llegó a la Argentina el 6 de junio de 2022 con una tripulación de cinco iraníes y 14 venezolanos, que fueron retenidos inicialmente por la justicia argentina y puestos en libertad por falta de pruebas en el delito de financiación de actividades terroristas.
La justicia argentina había ordenado a principio de este año el decomiso del avión en respuesta a una solicitud formulada en octubre de 2022 por la Corte del Distrito de Columbia de los Estados Unidos, que pidió a las autoridades argentinas la confiscación de la aeronave. La unidad estaba bajo investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.















