La Cámara Federal de La Plata confirmó este miércoles la decisión que se había tomado durante la instrucción del caso en Lomas de Zamora: a Karina Moyano, hija del líder camionero, le serán retenidos 600 mil pesos y 434 mil dólares, como parte de un expediente por lavado de dinero. Ese dinero fue encontrado en su domicilio tras un allanamiento que se realizó en relación a un caso de narcotráfico. Además, se investiga el origen de los fondos.
Aunque su abogado defensor anticipó que va a apelar la medida, ya hay en sede judicial una resolución firme para que la hija de Hugo Moyano devuelva los fondos cuestionados.
Para el titular de Camioneros, todo se enmarca en una campaña mediática en su contra. “No respetan a los jueces con autoridad como el juez Villena”, sostuvo y cuestionó al diario La Nación, que informó sobre los vericuetos judiciales de su hija. "Estos señores vienen a hablar de autoridad moral”.
En la justicia, el análisis fue otro. En el juzgado federal de Lomas de Zamora comenzó en 2018 el expediente por supuesto narcotráfico, en cuya investigación intervino el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias. En ese marco fueron allanados varios domicilios, uno de los cuales fue el de Karina Moyano.
Por un cambio de composición de los juzgados, la causa siguió en el despacho de Juan Pablo Augé pero delegada en la PROCUNAR. Durante la feria judicial de este último verano, el juez Villena subrogaba el juzgado de su colega Augé y fue entonces cuando dictó el sobreseimiento de la hija del líder sindical, reintegrándole el dinero.
El agravante de la situación, es que la medida se tomó mientras se encontraba la investigación delegada en la PROCUNAR, cuyo titular terminó denunciando ante el Consejo de la Magistratura al juez Villena, requiriendo su juicio político.
En la presentación, el fiscal Iglesia junto a su colega Cecilia Incardona, indicaron que Villena "habilitó la feria sin existir ninguna de las causales normadas" en el Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional "y le imprimió el veloz trámite de tres días a dos pedidos que no se fundan en una sola razón de urgencia", fijándoles un plazo de 24 horas para responder una vista, plazo que luego el mismo juez no respetó, marcan ambos fiscales en escrito.
Por otro lado, denunciaron que se "dictó la resolución de sobreseimiento de una persona -Karina Moyano- sin conocer las constancias del expediente, sin tener a su cargo la investigación y sin ser el juez natural del caso".
Mientras se realizó aquella presentación, el juez Augé se reintegró a su juzgado, firmó la nulidad de lo resuelto por su colega Federico Villena, y ordenó a Karina Moyano reintegrar el dinero, medida ahora que fue confirmada por la Cámara Federal de La Plata.
En el fallo se sostuvo: “El hecho de que nos encontrábamos ante una causa delegada en cabeza del Ministerio Público Fiscal, implica una transferencia de la responsabilidad en el impulso de la investigación en cabeza del titular de la acción penal, y resulta más grave que Villena era, al momento de tomar dicha decisión, juez de feria”.
Bajo este mismo lineamiento, el camarista César Álvarez rechazó el argumento de la defensa de Karina Moyano, quien señaló que hubo “animosidad” en la medida judicial. La réplica a dicho argumento fue: "Ni es parte de ninguna guerra judicial ni persecución de ningún tipo a la familia Moyano, y menos aún como parte de un ataque general al sindicalismo combativo de nuestro país ni como un capítulo del llamado Lawfare”.
Por otro lado, analizó el magistrado, "lo que me persuade de que estamos ante una decisión acertada, es que una investigación que estuvo en cabeza del Juez Villena durante tanto tiempo -y como dice la propia defensa, casi sin actividad respecto de Karina Moyano, se resuelva intempestivamente en una feria judicial pasando por alto que la causa estaba delegada”.
Por su parte, el camarista Jorge Di Lorenzo dijo que “la circunstancia de que el Juez Villena no haya conocido las actuaciones al momento de resolver, torna nulo” todo el procedimiento, incluyendo la devolución de los fondos bajo investigación.
Al momento de explicar este punto, dijo: “Debo destacar que se advierte en la resolución anulada una serie de irregularidades en torno a la participación y al cercenamiento de las facultades del Ministerio Público Fiscal que afectaron el debido proceso, provocaron un gravamen irreparable a esa parte y, por tanto, provocaron la invalidez de la decisión dictada”.
