Crédito: @PFAOficial
La medida fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial y desde la Correpi le salieron al cruce.
Este lunes el gobierno nacional publicó la Resolución 234/2019 en el Boletín Oficial, la Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y minutouno.com consultó al respecto a la abogada y referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú.
Mientras que Cambiemos presentó al flamante organismo con el objetivo de reparar "los daños causados por agravios a los derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, ya sea por otros miembros de las Fuerzas o bien por ciudadanos", Verdú rechaza el argumento por inválido y apunta a una continuidad en las políticas represivas así como a una estrategia de campaña: “Nadie puede mostrar más jalones en materia represiva y no tienen ningún otro resultado triunfal que mostrar”.
ERROR DE BASE
“Este tipo de planteos parten de lo que, si uno fuese bueno, sería un error garrafal porque no estudiaron el tema. Pero tratándose de funcionarios de primera línea del Gobierno no es un error inocente sino un posicionamiento político que es tergiversar el concepto de derechos humanos”, advierte.
En primer término, explica que lo que hace esta medida es “tergiversar la definición de derechos humanos. No son los derechos subjetivos e individuales que tenemos todas las personas como el derecho a la vida, a la integridad física o a la propiedad de nuestros bienes, sino que son derechos universales y su único violador es el Estado”.
“El Estado tiene la obligación de garantizar esos derechos de las personas y, por otro lado, tiene el monopolio de la fuerza con el argumento de garantizar la paz social, por eso cuando un delito contra la vida, la libertad o la integridad física es cometido por un funcionario estatal se produce una doble lesión: la individual, a la víctima; y la genérica, universal, a los derechos humanos, por eso el Código Penal tiene una pena distinta para el civil que mata que para el policía que mata”, agrega.
CONSECUENCIA POLÍTICA
Respecto a los gestos de fomento en política represiva, la abogada advierte que esta nueva Unidad que depende del Ministerio de Seguridad “está en la misma línea que el Plan Restituir que sirve para reponer en cargo, grado e ingreso caídos a los policías, prefectos o gendarmes suspendidos pendiendo de una investigación judicial aún cuando la resolución que los absuelve no esté firme”.
En ese sentido apunta al aumento extraordinario recibido mediante la decisión administrativa 1.701/18 "con plata del Anses" así como un bono de 5 mil pesos más otro con un 10% de aumento”.
ELECCIONES
Al respecto, insiste en que es “el caballito de batalla que eligió Cambiemos como eje para la campaña electoral: en los ’90 hablábamos del voto cuota y hoy hablamos de una una campaña basada en el voto bala o el voto cárcel”.
