Agentes turcos irrumpen en dos cadenas de televisión opositoras para cortar su emisión
El Gobierno de Turquía ordenó este lunes suspender de empleo a 12.801 agentes de policía como parte de la investigación contra los simpatizantes del clérigo Fethullah Gülen, al que se acusa de ser el cerebro del fallido intento de golpe de estado del pasado 15 de julio.
Si bien la policía es la fuerza de seguridad en la que más confían el Ejecutivo islamista y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, esto no la ha librado de las profundas purgas que se siguen efectuando en la Administración a raíz del compló golpista. Este cuerpo había sido uno de los estamentos del Estado más infiltrado por los gülenistas durante la época en que sus relaciones con Erdogan vivieron su época dorada (2007-2012) y, de hecho, ya desde 2013 miles de agentes habían sido relevados de sus cargos por sospechas de pertenencia a dicha organización religiosa, actualmente considerada un movimiento terrorista por Ankara. Pero la purga de este lunes no tiene precedentes en la Policía ya que afecta a cerca del 5 % de sus casi 280.000 efectivos. Según la agencia oficial AA, 2.523 de los afectados tienen rango de oficial o cargos directivos en el seno de la Policía y la purga alcanza a todos los rincones del país, si bien las provincias más afectadas son la capitalina Ankara, con 1.350 agentes suspendidos, Esmirna (570) y las kurdas Diyarbakir (650) y Hakkari (350).
Los agentes suspendidos reciben dos tercios de su paga mientras se procede con la investigación sobre su supuesta implicación en actividades gülenistas, al término de la cual, si se les encuentra culpables, serán expulsados del cuerpo de Policía. “Se trata de una medida de precaución destinada a evitar que los sospechosos interfieran en las pesquisas o destruyan pruebas”, explicó una fuente del Ejecutivo que pidió el anonimato. Sin embargo, el mero hecho de ser mencionado en una indagación de este tipo se ha convertido en una lacra en la actual Turquía y, de hecho, este lunes, un agente de 26 años de edad de la localidad de Mersin se quitó la vida de un tiro en la cabeza poco después de que se le comunicase la noticia de que sería suspendido de empleo e investigado.
Unas 50.000 personas han sido detenidas desde la fallada asonada militar, de las que 32.000 han sido imputadas y enviadas a prisión. Además, unos 130.000 empleados públicos han sido suspendidos, más de un tercio de ellos dependientes del Ministerio de Educación. El Gobierno explicó la semana pasada que, para hacer frente a la falta de profesores, ha ordenado contratar a 20.000 nuevos maestros para el curso que acaba de iniciarse.
Por otro lado, la policía irrumpió hoy en los canales opositores IMÇ (pro-kurdo) y Hayatin Sesi (izquierdista) para cortar su emisión y precintar sus equipos. La medida forma parte de la decisión tomada este fin de semana de ilegalizar una veintena de televisiones y emisoras de radio kurdas, izquierdistas y alevíes (un grupo religioso chií heterodoxo), incluidos dos canales infantiles, a los que acusa no de ser parte de supuestas conspiraciones golpistas, sino de hacer propaganda al grupo armado kurdo PKK. La principal formación kurda, el Partido de la Democracia de los Pueblos (HDP), ha denunciado que el Gobierno islamista está aprovechando para acabar con la oposición las prerrogativas que le concede el estado de emergencia decretado tras el fallido golpe, como los decretos con fuerza de ley mediante los que se han efectuado las purgas y los cierres de medios y contra los que no cabe recurso judicial. El Ejecutivo anunció hoy que pedirá al Parlamento la extensión del estado de emergencia durante otros tres meses y Erdogan ha barajado la posibilidad de que se prolongue durante un año.
En los casi tres meses que Turquía ha vivido bajo estado de emergencia, más de un centenar de medios de comunicación han sido prohibidos, 120 periodistas han sido arrestados, a 775 se les ha cancelado su tarjeta de prensa y 2.300 han perdido su trabajo.
