El jardín de la República es la única provincia de la región del NOA que no cuenta con un Penal Federal, pese a los habeas corpus ordenado por la Justicia Provincial y Federal. Una nueva fuga de reclusos habría desatado la polémica nuevamente.
Los demás estados poseen unidades penitenciarias construidas con fondos de la Nación con capacidad para alojar a procesados y condenados por causas en la Justicia Federal y Ordinaria.
Salta y Jujuy tienen alcaldías federal, además de unidades carcelarias, es decir alojamiento transitorio para detenidos en tanto se defina su situación procesal. Santiago del Estero cuenta con el penas mas nuevo de la región. Catamarca, si bien cuenta con un establecimiento propio, en su interior tiene un pabellón para reclusos que están a disposición de la Justicia Federal.
Crisis carcelaria
Un día antes de la fuga, el juez federal Daniel Bejas, mediante un habeas corpus solicitó que los 10 detenidos que permanecían alojados en una celda para una persona en el Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional fueran reubicados cuanto antes. Han pasado casi un mes de esa orden y por el momento no lograron ubicarlos en ningún otro calabozo. Sí consiguieron que cuatro detenidos por drogas y uno por contrabando sean alojados en las comisarías del sur de la provincia.
La Justicia confirmó que en las comisarías de toda la provincia existen unas 700 personas privadas de su libertad en dependencias policiales, el doble de su capacidad. Hasta la Comisaría de la Mujer, que funciona en la Seccional 2, también está colapsada. En Villa Urquiza, donde en los próximos días se inaugurará el Pabellón 10, con capacidad para unos 200 reclusos, hay problemas para mantener tranquilos a los más de 800 presos que están alojados allí.
Antecedentes
En 2015, los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila, consiguieron que le aceptaran un habeas corpus para los detenidos, los policías y los vecinos por el hacinamiento y las pésimas condiciones de las comisarías. Por esa medida, se clausuraron varios arrestos, pero después de haberles realizados algunas refacciones, varias de ellas se rehabilitaron, entre ellas, la de la Seccional 13. La Corte Suprema de Justicia decidió que su oficina de Derechos Humanos seguiría analizando el estado de la situación.
Estos lugares de encierro también están bajo el manto de una medida judicial de protección. En 2015, los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila, consiguieron que le aceptaran un habeas corpus para los detenidos, los policías y los vecinos por el hacinamiento y las pésimas condiciones de las comisarías. Por esa medida, se clausuraron varios arrestos, pero después de haberles realizados algunas refacciones, varias de ellas se rehabilitaron, entre ellas, la de la Seccional 13. La Corte Suprema de Justicia decidió que su oficina de Derechos Humanos seguiría analizando el estado de la situación.
El juez federal Fernando Poviña que la problematica es seria y que no existe un lugar donde ubicar la gente. “Las fuerzas federales que hacen los operativos no tienen dónde alojar a las personas que detienen. Estamos ante una situación muy compleja”, indicó.
“Vamos a seguir insistiendo porque consideramos la instalación de una alcaldía también ayudará a mejorar todo el sistema carcelario, e inclusive poder descomprimir los presos en comisaría y, al mismo tiempo, realizar refacciones en ellas”, aseguró Regino Amado, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia.
En la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia, que está integrada por los representantes de los tres poderes más la Justicia Federal, también se tocó el tema. No sólo dejaron en claro que apoyan la construcción de un nuevo penal, sino que le sugirieron al Ejecutivo que alquilen viviendas para que sean utilizadas como comisarías hasta que se construyan o se reparen las que actualmente existen. “Entendemos que es una buena posibilidad para que puedan solucionar el problema que ya lleva varios años”, indicó el legislador oficialista Julio Silman, presidente del cuerpo.
Aunque Poviña reconoce que hasta un tiempo la solución pasaba por ubicar a los procesados en las cárceles federales de Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Pero desde hace un tiempo dejaron de atender a su preocupación y cerraron sus puertas por el exceso que padecen.
El magistrado recalcó que junto a su par Daniel Bejas, desde hace más de dos años, vienen realizando presentaciones ante los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Nación para explicarle la difícil situación que está atravesando. “Se producen detenciones y desgraciadamente no tenemos donde alojarlos. Esto no es nuevo, sino que está empeorando con el correr de los meses”, explicó.
Poviña dijo que esta situación comenzó a empeorar con el incremento de procedimientos, especialmente antidrogas y ahora de contrabando que se realizaron en los últimos tiempos. “Los jueces federales de la provincia informamos de la situación a la Nación. Se les enviaron oficios a los ministros (Germán) Garavano (Justicia) y a (Patricia) Bullrich (Seguridad) para advertirles que se produciría este problema”, indicó.
“Lo ideal sería contar con un penal, pero contar con una alcaldía es importante. Actualmente esos presos están en el penal de Villa Urquiza y en algunas comisarías. Muchos de ellos son de alta peligrosidad”, explicó Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de la provincia.
Amado fue claro al indicar que el PE sigue trabajando con el fin de tratar de solucionar la crisis carcelaria. “La provincia invirtió $40 millones; 20 millones fueron enviados por la Nación a cuenta de la atención que se le brinda a esos presos federales”, indicó.
“Desde hace más de 20 años que Tucumán necesita de una cárcel adecuada. Eso se lo viene hablando desde hace mucho tiempo, pero es un proyecto que no se concreta. Es hora de que se lo debata seriamente”, explicó José Cano, titular del Plan Belgrano.
