La Fiscalía Federal estadounidense investiga a varios altos cargos venezolanos, incluyendo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por "haber convertido al país en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero", indicó el lunes el diario The Wall Street Journal (WSJ), que cita una "docena de fuentes cercanas al caso".
Según el periódico, "una unidad de élite de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y fiscales de Nueva York y Miami se encuentran recabando pruebas provistas por ex traficantes de cocaína, informantes que estuvieron cerca de altos funcionarios venezolanos y desertores del Ejército" del país sudamericano.
El principal objetivo de la investigación es Cabello, número dos del chavismo y de quien habría "extensa evidencia para justificar que es uno de los líderes, sino el líder, del cártel", de acuerdo con la fuente del Departamento de Justicia estadounidense citada por WSJ.
El gobierno de Obama no está coordinando las investigaciones, que están siendo dirigidas por los fiscales federales con amplia libertad de acción para atacar a presuntos delincuentes. Pero si se prueban las acusaciones divulgadas públicamente sobre Cabello y otros, probablemente se desataría la crisis más grave en las relaciones entre los dos países. "Sería sísmico", dijo un funcionario de Estados Unidos. "Van a inventar una conspiración de la derecha", agregó.
El pasado 21 de abril, Cabello introdujo una demanda contra tres medios de comunicación venezolanos por difundir una información que lo vinculaba a una supuesta red de narcotráfico.
En enero pasado, medios de prensa venezolanos, incluidos los tres demandados, publicaron versiones de que Leamsy Salazar, un ex jefe de seguridad de Cabello y del fallecido presidente Hugo Chávez, huyó a Estados Unidos y denunció la supuesta existencia de un cártel de narcotraficantes al que presuntamente pertenecería el actual presidente de la Asamblea Nacional.
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que carecen de embajadores desde 2010, se encuentran en un momento de fuerte tensión desde marzo pasado, cuando el presidente estadounidense, Barack Obama, firmó la adopción de sanciones contra siete funcionarios del gobierno de su homólogo Nicolás Maduro.
El decreto, que calificaba la situación en Venezuela de "amenaza" para Estados Unidos, despertó indignación en el país suramericano y en algunos de sus vecinos, e incluso una campaña internacional de firmas pidió su derogación.
