El Ejecutivo asegura que tiene el apoyo de los gobernadores dialoguistas y que podrá sancionar la ley como está, con un fuerte recorte de partidas. No insistirá con volver a incorporar los artículos que dio de baja Diputados.
El Gobierno descarta aceptar cambios en el capítulo educativo del Presupuesto 2026 que se tratará este viernes en el Congreso. Para eso, se respaldará en el apoyo de gobernadores aliados que le garantizarían una sanción completa. El Ejecutivo busca desactivar las presiones para reabrir el debate sobre el artículo vinculado a los fondos educativos, que generó resistencias en sectores de la oposición dialoguista y del radicalismo.
“No vamos a tocar ese capítulo. Tampoco queremos abrir más debates”, expresaron en Nación. En la Casa Rosada mantienen la postura de que intentarán sancionar el proyecto presupuestario como salió de Diputados y advierten que evitan extender el tratamiento nuevamente a la Cámara Baja. Apuntan a que tenga sanción completa antes de afrontar los vencimientos de deuda del 9 de enero por más de US$4000 millones.
La mesa política de Balcarce 50 asegura que cuenta con más de cuarenta votos para sancionar el proyecto en general y reconoce que el poroteo se achica cuando se trata de la votación por capítulos. El oficialismo se respalda en el acompañamiento de gobernadores aliados, como Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), entre otros.
“No queremos cometer los mismos errores que en Diputados”, agregan. Es por eso que descartaron finalmente avanzar con la contrapropuesta por las leyes de Discapacidad y Universidades: la jefa de bloque de LLA en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, mantuvo negociaciones con senadores, pero no obtuvo las adhesiones para blindar los cambios.
El artículo que generó tensiones en las últimas horas es el 30, que dispone la derogación de normas que fijan pisos obligatorios de financiamiento en educación, ciencia y tecnología y defensa. En el plano educativo, elimina el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional, que establece que el gasto educativo consolidado no puede ser inferior al 6% del PBI.
Lo mismo aplica para el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional -que asigna recursos específicos para escuelas técnicas- y para los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que fijan metas graduales de inversión hasta alcanzar el 1% del PBI, establecen la distribución de fondos entre organismos como el CONICET y las universidades, y garantizan un piso real de financiamiento respecto del año anterior.
Elimina además el esquema de financiamiento progresivo del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), dejando la asignación de estos recursos sujeta exclusivamente a la ley anual de Presupuesto. En el Gobierno creen tener los votos para evitar modificaciones durante la sesión, pero no descartan que la oposición consiga las adhesiones para impulsarlo.
El Ejecutivo trabaja a la par en un decreto para reasignar partidas para Universidades y Discapacidad tras la caída del capítulo XI en Diputados. Está a cargo del equipo del jefe de gabinete, Manuel Adorni, que tiene las atribuciones para redistribuir fondos. El oficialismo admite que las implementará de acuerdo a su interpretación del alcance de las normas. “Los aumentos los vamos a hacer a nuestro gusto, como hicieron todos los gobiernos”, agregan.
