Allá lejos, a finales de junio, Diputados dio media sanción al proyecto de ley de extinción de dominio, que apunta a recuperar para el Estado los bienes de origen ilícito provenientes dellavado de dinero, la corrupcióny el narcotráfico. Por el receso invernal, su discusión en la Cámara alta recién arrancó en agosto. Pero pasaron agosto y septiembre completos, comenzó octubre y aún no hay noticias de cuándo podría votarse la ley, ni tampoco de cómo quedaría redactada.
Allá lejos, a finales de junio, Diputados dio media sanción al proyecto de ley de extinción de dominio, que apunta a recuperar para el Estado los bienes de origen ilícito provenientes dellavado de dinero, la corrupcióny el narcotráfico. Por el receso invernal, su discusión en la Cámara alta recién arrancó en agosto. Pero pasaron agosto y septiembre completos, comenzó octubre y aún no hay noticias de cuándo podría votarse la ley, ni tampoco de cómo quedaría redactada.
Mientras Avanzan decenas de causas por corrupción contra ex funcionarios k, el radicalAngel Rozas, líder del interbloque de Cambiemos, se proponevolver a motorizar su tratamiento, como parte del paquete anticorrupción. Fue luego de que un juez cediera al Estado el uso de los 800 mil dólares que traía el venezolano Antonini Wilson en un vuelo de Enarsa.
En un sector del oficialismo deslizan que la mayoríaperonistase habría agarrado de una excusa paradormir eltratamiento de la iniciativa. Pero en la bancada del PJ-FpV lo desmintieronde manera tajante: “No estamos frenando nada. Es un tema de muy alta complejidad, que se está discutiendo para darle garantías constitucionales y razonabilidad”. En el bloque justicialista agregaron: “Hemos cumplido con toda la agenda parlamentaria, sin bloquear absolutamente nada. Vamos a avanzar cuando haya acuerdo”.
En principio, entre el oficialismo y el FpV había consenso en que la media sanción que les llegó de Diputados debe ser mejorada, a la que calificaron de “mamarracho”. Ambos sectores intentaron avanzar en agosto en una redacción que dejara a todos conformes, pero no se pudo. Las posiciones quedaron enfrentadas en un punto: mientras el FpV entiende que de la incautación de bienes debe ocuparse la Justicia penal, es decir la misma que interviene en todo el proceso, para el PRO debe ser el fuero civil.
El macrista Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, es el que más defiende la intervención de la Justicia civil. Su principal argumento es que los jueces del fuero penal no se ocupan habitualmente de tasar ni liquidar bienes. El problema del PRO es que no tiene los votos para la ley salga como le gustaría. En parte del oficialismo interpretan que esa diferenciasirvió al peronismo como “excusa” para planchar el tratamiento de la norma. Sostienen,además, que habría algunos gobernadores del PJ que preferirían que la ley no se sancione. Un senador alineado con su gobernador admitió que, más allá de la cuestión de los fueros, está en desacuerdo con la ley en discusión: “Se habla de la corrupción en general, pero lo que debería es tipificarse delito por delito”.
Consultado por Clarín, Rozas, jefe del interbloque Cambiemos, dijo: “Quiero que la ley salga y me voy a ocupar personalmente de limar las asperezas. La extinción tiene que salir antes de fin de año”.
