El Gobierno prepara exigencias más estrictas ; la OA ya concluyó su borrador, tras un debate con diputados; más control para los bienes y los conflictos de intereses
Publicar los bienes de sus parejas, desprenderse de acciones y bonos antes de asumir y restringir la actividad privada al dejar el cargo. Esas son solo algunas de las nuevas pautas que deberán cumplir los funcionarios, según el proyecto del Gobierno para reformular la ley de ética pública. La iniciativa no solo involucra al Presidente y a sus ministros, sino también a jueces, fiscales, diputados y senadores.
El texto intenta saldar muchos de los grises de la legislación actual y controlar los conflictos de intereses. Ese aspecto es un talón de Aquiles para la gestión de Mauricio Macri , cuyo gabinete incluye a muchos hombres de negocios que vienen de la gran empresa y saltaron a la administración pública en 2015.
El germen de la iniciativa es el trabajo que realizaron el año pasado diputados oficialistas y opositores en una subcomisión de Asuntos Constitucionales. Tras ese debate, la Oficina Anticorrupción (OA) redactó su proyecto. En el Gobierno aún no definieron si Macri enviará ese texto al Congreso o si les hará el pedido a viva voz a los legisladores para que impulsen su tratamiento.
"Es un proyecto basado en la experiencia, para prever situaciones que hoy no están claras. La persona que entre en el Estado deberá asumir costos personales", señaló la titular de la OA, Laura Alonso.
Declaraciones juradas
La iniciativa propone ampliar los "renglones" de las declaraciones juradas patrimoniales. Se buscarán detectar no solo posibles enriquecimientos injustificados, sino también incompatibilidades.
La mayor novedad es que volverán a ser públicos los bienes de los cónyuges, convivientes e hijos menores de edad. En 2013, la gestión de Cristina Kirchner impulsó un cambio en la ley que restringió esos datos y habilitó a que las parejas custodien los bienes que el funcionario no quería sacar a la luz.
Además de publicar sus bienes, deberán detallarse las actividades laborales anteriores y los vínculos con asociaciones o fundaciones.
Todos los jerárquicos de los tres poderes deberán presentar su declaración patrimonial. El texto oficial propone que "quienes dirijan cuerpos que administren obras sociales" deberán informar sus bienes. Este inciso apunta a controlar los patrimonios de los dirigentes gremiales, un reclamo que viene agitando Elisa Carrió .
Conflictos de intereses
El capítulo de "conflictos de intereses actuales" destaca que está prohibido "realizar una actividad en el ámbito privado sobre la que el funcionario tenga atribuciones", "proveer bienes o servicios al organismo en el que ejerce su competencia" e "intervenir en gestiones judiciales contra el Estado". Cambiemos busca, así, controlar a los legisladores abogados que patrocinan juicios contra el Estado.
El Presidente y los ministros deberán desprenderse de las acciones o cualquier otro título emitido por sociedades vinculadas a su área "o cuya cotización pudiera verse influenciada". Por ejemplo: Juan José Aranguren no hubiera podido asumir en Energía sin antes desprenderse de sus papeles en Shell.
En ese caso, la ley ofrece dos opciones: vender las acciones o constituir un fideicomiso ciego. Es lo que hizo Macri con la parte de su patrimonio que, creyó, podía traerle dolores de cabeza durante la gestión.
La iniciativa, en tanto, señala que los funcionarios de jerarquía tienen prohibido ser socios de instituciones que representen intereses sectoriales "cuyo objeto resulte concurrente con su función". Así, se apunta a casos como los del flamante ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere , que debió renunciar a la Sociedad Rural. Ahora la ley lo dejaría por escrito.
El texto explicita que "el funcionario no debe designar parientes o amigos en la repartición a su cargo", aunque nada dice respecto de otras áreas del Estado. Sobre la retroactividad, la ley impone que quienes se encuentren en un conflicto de intereses con la nueva la ley "deberán optar entre su cargo y la actividad incompatible dentro de los 30 días".
"Será una ley más poderosa para alejarnos de la corrupción que tanto nos costó. El Presidente decidió que en su gobierno solo hay lugar para funcionarios decentes", enfatizó Fernando Sánchez, flamante secretario de Fortalecimiento Institucional y promotor de la ley.
El proyecto oficial apunta a la actividad después de la gestión. Los funcionarios salientes podrán volver al ámbito privado, pero no tener una relación contractual con la dependencia pública en la que se desempeñaban.
El titular de la OA deberá ser nombrado a propuesta del Presidente, para luego celebrar una audiencia pública abierta a observaciones. Se propone, además, que el cargo dure cinco años, con posibilidad de reelección.
