|| Por Gabriel Gutiérrez|| Se va 2014 y Cristina Kirchner no termina el año precisamente con un buen pie; tampoco empezará con el pie derecho el 2015. Complicaciones judiciales, denuncias por lujos, y un tropezón...
Y no es por el reciente traspié que sufrió en su última visita a Comodoro Rivadavia, desde donde debió ser trasladada con urgencia de vuelta a Buenos Aires a falta de aparatos de diagnóstico por imágenes funcionales en la salud pública de Santa Cruz. Termina un año “no positivo”, diría un tal Cleto.
Este último episodio de la tribulada salud de la presidente no deja de ser otro golpe de realidad al relato de la década ganada, pues vuelve a echar por tierra a las palabras que pronunciara en agosto del 2012, en una de sus soporíferas e interminables cadenas nacionales, elogiando la salud pública de su gestión: "yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes eligen atenderse en hospitales públicos, lo demás es verso". Y es que debe ser verso porque hasta la propia Alicia Kirchner tuvo que borrar -¿por decoro?- uno de sus tuits festejando un nuevo tomógrafo para El Calafate.
No es un hecho desconocido que la presidente, y varios de sus gobernadores, prefieren a la salud privada sobre la salud pública de la que son garantes naturales. No es desconocido, pero es sumamente contradictorio. Este año hemos dado la primicia de la internación del gobernador Fellner en la Fundación Favaloro por haber sufrido un episodio vascular, sintomatología quizás vinculada a los tantos sinsabores, fracasos y disgustos de los últimos días de su gestión. Sin embargo, Cristina tampoco ha sido paciente de la salud pública en lo que va de sus dos presidencias. La exclusiva clínica Otamendi parece ser la de su predilección. Contradicciones que resaltan el relato sobre la salud pública, por no decir que nos toman el pelo.
Pero no es justamente debido a este ultimo tropezón que la presidente no empezará el 2015 con el pie derecho, sino a la cada vez mayor e indisimulable preocupación que hay en la mesa redonda de Olivos por el asedio judicial que sufren algunos emblemáticos K, como Boudou, y otros "amigos" que debieron haber permanecido en la oscuridad, como Lázaro Báez. El mayor temor no está en el inminente procesamiento de Milani, hecho que sumaría a otro de los récords de la década ganada -el de funcionarios y allegados procesados-, sino que temen que los propios hijos de la presidente, Máximo y Florencia, sean en el corto o mediano plazo invitados por los magistrados a responder preguntas por su participación en el mayor escándalo judicial que hace tambalear a la otrora poderosa e intocable dinastía presidencial, el caso Hotesur.
Si Milani es procesado, “lo pasarán a retiro”, adelantó Aníbal Fernández, otro de los implicados en una causa judicial por el dinero de Fútbol para Todos. Si todo fuera tan fácil, ¿cómo no lo pasaron a retiro a Boudou, hace rato? Claro que no es lo mismo una causa por violaciones a los derechos humanos, como la que estaría involucrado Milani por la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, que unas causas por corrupción y trucherías típicas de los funcionarios de la década ganada. No son pocos los que insisten con que tendrá que llegar el día en que la corrupción deba ser tenida por delito de lesa humanidad, y sus perpetradores no gozar de las garantías constitucionales, como sucede actualmente con los genocidas. Después de todo, ésas fechorías afectan la vida de todos los ciudadanos y el destino de todo un país, resultando en desoladoras postales de hambre, desnutrición, inseguridad, y el futuro hipotecado de miles de jóvenes que llegarán a la vida adulta con más carencias que haberes. El intento de apropiación de una empresa privada en democracia debería ser tan o más grave que una ocurrida en tiempos de dictadura. ¿Qué será peor: la supuesta apropiación de Papel Prensa durante la Dictadura a manos de una asociación ilícita de usurpadores del poder, o el supuesto intento de apropiación de Ciccone Calcográfica a manos de una asociación ilícita de funcionarios elegidos democráticamente? Con una se pretendía, dicen, “monopolizar la prensa y controlar la opinión pública” -algo que hacen algunos gobiernos, aun en democracia-… pero con lo de Ciccone ¿cuál habrá sido el fin?
El asedio judicial ha comprometido seriamente el proceso de designación de testaferros al punto que el semillero parece haberse acabado, o son pocos los dispuestos a dar el paso al frente por la causa, tras la exposición de Lázaro Báez y la expulsión de la lista del directorio de Hotesur de algunos amigos del inefable empresario que sí puede jactarse de haber vivido una década ganada, dada la evolución de su patrimonio. Ahora figuran en el directorio, en un acta curiosamente posdadata, Máximo y Florencia Kirchner, Giselle Fernández –hermana de Cristina-, Rocío García –esposa de Máximo- , Romina Mercado –hija de Alicia- y Carlos Sancho –socio de Máximo-, como poniéndose en la línea de fuego de los cañones de Comodoro Py que apuntan hacia la línea de flotación K. ¿Habrá sido este el motivo de la escandalosa dádiva con que se intentó comprometer la integridad de los jueces en la semana que pasó?
Como siempre, el kirchenrismo siempre tiene preparado un plan B. Se ha conocido en las últimas horas que Hotesur, y la firma Kirchner S.A. fueron beneficiadas con más tiempo y legislación “a medida”, por la rauda acción de la Inspección General de Justicia, controlada por un elemento de Justicia Legítima, el Dr. Diego Cormick quien dispuso de la inmediata puesta en marcha de la ingeniería legal para que las empresas presidenciales tengan 5 meses para regularizar su situación. En cuanto el Juez Bonadío, el 20 de noviembre, realizó el allanamiento de la supuesta sede de Hotesur, y de la propia IGJ, para buscar los legajos de la empresa presidencial, ese mismo día se inició en la dependencia del Ministerio de Justicia el Expediente Nº 5123819/7253055, en cuyos considerandos aparece la Resolución 4/2014 de la IGJ del 12 de diciembre, que creó un Registro de Entidades Inactivas (REI), pero también dispone que las empresas que están en falta, como Hotesur, contarán con tiempo hasta el 30 de abril de 2015, para subsanar los errores y faltas cometidas. Todo un traje a medida para beneficiar a las empresas presidenciales que recuerda a la extinción de las obligaciones correspondientes al impuesto a la herencia y las transmisiones gratuitas con que se benefició a los herederos de Néstor Kirchner que no pagaron al fisco ni un centavo por la sucesión del ex presidente, privando al Estado de $ 4.125.000 según los bienes que figuran en su declaración jurada.
La frutilla del postre de la semana fue, sin dudas, la exposición de compras presidenciales de joyas por más de un millón de dólares anuales que puso en tapa la revista Noticias; ya se abrió una investigación penal sobre el tema, por la denuncia de una ONG. Si no estuviéramos acostumbrados a la impudicia que trasluce esa actitud de nuestra “Reina de los Humildes”, que calza zapatos Louboutin y adorna su muñeca con copiosos Rolex, diríamos que es solo otro capítulo más de la bacanal de lujos e impunidad de la década ganada. Resultará interesante ver a qué dislates apelan los aplaudidores habituales para justificar esta fastuosidad y defender lo indefendible.
