La decisión fue adoptada por el ministerio de Justicia salteño, luego de tres femicidios en cárceles.
Los 45 detenidos por causas de violencia de género y femicidios tienen prohibidas las visitas íntimas desde el miércoles último en Salta, decisión oficial que se tomó luego que en enero Gabriel Herrera matara a su pareja en el penal donde estaba cumpliendo condena por haber asesinado a su esposa en 2006, también en una cárcel, e intentar matar a otra mujer en la misma situación.
La decisión adoptada por el ministerio de Justicia salteño fue confirmada a Télam por voceros del Ministerio Público Fiscal (MPF) de esa provincia.
Herrera mató durante una visita íntima el último 5 de enero a Andrea Neri, tras haber hecho lo mismo el 23 de marzo de 2006 con Verónica Castro en la cárcel de Metán, femicidio por el que cumplía condena en el penal Villa Las Rosas donde cometió el último asesinato.
"Este hombre intentó matar a otra mujer. En Metán lo querían matar los otros internos, por eso se lo trasladó a Las Rosas y volvió a matar. Creo que es un caso único", dijo a Télam una fuente del MPF, quien contó que el doble femicida "ya presentó dos habeas corpus porque quiere que se lo traslade a Orán y quiere que su mamá lo visite. En la última audiencia, de la semana pasada, dijo: '¿No voy a matar a mi madre?'".
Estos no son los únicos casos en Salta, ya que en 2009, en la granja penal de Orán, Marcelino Agüero mató a Eliana Coria y luego se suicidó. El femicida estaba preso por haber asesinado a su suegra.
Luego de tres asesinatos de mujeres durante visitas íntimas en cárceles, ahora el gobierno de Salta prohibió esos encuentros a los detenidos violentos, a la par que se comenzó a dar capacitaciones al personal penitenciario sobre prevención y asistencia en violencia de género.
También fue intervenida la unidad carcelaria Villa Las Rosas y relevados provisoriamente de sus cargos el director Juan Carlos Gutiérrez, el jefe de vigilancia, Jose Luis Ávalos y los penitenciario Fernando Velázquez y Héctor Franco, quienes están imputados por "abandono de persona seguido de muerte, causa a la que se puede sumar el incumplimiento de deberes de funcionario público", explicó el vocero del MPF.
Protocolo de actuación
Este mes, Córdoba se convirtió en la primera provincia en establecer un protocolo de actuación para garantizar la seguridad de las mujeres que concurren a las cárceles provinciales a visitar a los detenidos por femicidio, las que deberán ser autorizadas por un juez y pasar por un proceso de revisión de un equipo interdisciplinario.
La medida oficial se adoptó luego que en el penal de Villa María, el 15 de enero último, Franco Arsenio Benítez, de 35 años, matara a Maria Luján Aguilera. El hombre, que luego se suicidó, estaba cumpliendo condena a prisión perpetua por haber asesinado a su esposa y a su hija de tres meses en marzo de 2006.
En la provincia de Córdoba hay 8 establecimientos penitenciarios en los que hay 84 condenados por femicidios y por tentativa de femicidio.
En el penal de Villa María "hicieron un trámite interno, ni siquiera un sumario. Tampoco hubo cambios; por lo menos en el Boletín Oficial sigue siendo alcaide mayor José Ernesto Herlan", aseguró a Télam la médica Betiana Cabrera Fasolis, referente de la agrupación de mujeres Mumalá de Córdoba.
"Estos femicidios ocurrieron bajo la custodia del Servicio Penitenciario o Fuerzas de Seguridad sin ser evidenciados como tales. Se debe trabajar a nivel social en reconocer estos asesinatos como la expresión máxima de violencia hacia la mujer y dentro de la órbita estatal en formar funcionarios que se encuentren capacitados para prevenir e intervenir en cualquier situación de violencia de género", aseguró María Laura Novo, abogada del área de Incidencia en Políticas Públicas de La Casa del Encuentro.
