El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la asesora general tutelar de la Ciudad Carolina Stanley y la titular del partido PRO, Patricia Bullrich, fueron denunciados ante la Justicia Federal por los presuntos delitos de sedición y atentado a la salud pública.
El motivo de la presentación contra los tres dirigentes de Juntos por el Cambio se basa en las medidas judiciales que cada uno de ellos planteó en diferentes instancias para desobedecer el DNU 241/2021, con el cual el presidente Alberto Fernández aplicó diversas restricciones para bajar la circulación social en el contexto de emergencia por la pandemia de coronavirus.
El planteo, que será sorteado por la Cámara Federal y recaerá en un juzgado de ese mismo fuero, fue presentado por la abogada Valeria Carreras y sostiene que Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich incurrieron en conductas tipificadas por el artículo 205 y 230 inciso 2 del Código Penal.
Los tres habrían violado esos artículos "al ponerse de acuerdo para contrariar una disposición nacional a fin de que no sea aplicable en su jurisdicción", dice la denuncia.
El artículo 205 del Código Penal refiere al delito de atentado a la salud pública y prevé penas de 6 meses a 2 años, mientras que el 230 inciso 2 tiene que ver con la sedición, que le corresponde una pena de 1 año a 4 años.
El motivo por el cual Rodríguez Larreta fue denunciado es por su presentación ante la Corte Suprema y la Justicia porteña para retomar las clases presenciales durante los próximos 15 días en la ciudad, a contramano de lo que dispuso el decreto impulsado por el presidente Alberto Fernández.
A Carolina Stanley, ex ministra de Desarrollo Social durante el gobierno anterior y actual funcionaria de la administración porteña, se la denunció por haber impulsado una acción de amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
Sobre Bullrich, Carreras manifestó haberla incluido por haber expresado su voluntad de presentar un recurso de amparo contra el DNU 241 para dejar sin efecto no sólo la suspensión por 15 días de la presencialidad en todo el AMBA, sino también "las restricciones horarias a la circulación, las restricciones a ciertos rubros comerciales y deportivos".
La denunciante sostiene que la emisión del DNU 241/2021 se dictó en una “situación extraordinaria” por la pandemia, cuya segunda ola “amerita medidas urgentes” porque el aumento de casos “está colapsando el servicio sanitario y llevándose vidas de compatriotas".
Destacó, además, que las medidas dispuestas en ese decreto son coincidentes en la letra y el espíritu con acciones tomadas ante la pandemia por los gobiernos de Francia, Italia y Alemania.
La autora de la denuncia, además, representa a la querella principal de los familiares en las causas por el hundimiento del ARA San Juan y por el espionaje durante la gestión de Cambiemos, y será sorteada este lunes por la Cámara Federal, tras lo cual recaerá en un juzgado del mismo fuero.
