La “bandera” de la “reparación histórica” se transforma cada vez más en un recurso discursivo que en un hecho real y concreto.
Sostienen, desde el organismo previsional, que el máximo tribunal no decidió sobre qué índice corresponde usar para actualizar las remuneraciones al hacerse el cálculo de los haberes iniciales. Y por ello, se propugna que se use otro, que arroja resultados menores que el utilizado en los tribunales desde 2009, incluidas las sentencias de la Corte.
La ANSES ingresa así en una suerte de estafa a los jubilados con apelaciones masivas de todas las sentencias de ajustes de haberes para llevarlos a la Corte.
Es que los argumentos del organismo se basan en que el máximo tribunal nunca decidió qué índice corresponde usar para actualizar las remuneraciones al calcular los haberes iniciales. Por eso utilizarán otro que arroja resultados menores que el utilizado por el tribunal desde 2009.
Los funcionarios atacan una reciente sentencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social, al decir que no considera que ahora existe normativa por la cual el Poder Ejecutivo ordena por decreto la utilización de un índice determinado para actualizar las remuneraciones de quienes se jubilan a partir de 2016. Es el mismo índice se utiliza para los ajustes de la ley de reparación histórica (PRH).
El 30 de junio del año pasado, el director ejecutivo de la ANSES dijo: "A partir de ahora la ANSES no apela más y empieza a pagar los juicios a los jubilados", siguiendo expresas instrucciones impartidas por el presidente Mauricio Macri. ¿Qué pasó con esas instrucciones?. Nuevamente y de manera clara, todo quedó en el discurso y en la campaña.
Las últimas 5 causas con fallos relevantes en materia previsional demoraron un promedio de 3 años y 8 meses en ser resueltas por la Corte, desde la apelación. A esto quieren someter a los jubilados, luego de sancionar con “pito y matraca” la ley de reparación histórica.
Esto coacciona a los jubilados a aceptar las propuestas del PRH, ya que prefieren cobrar "algo" en vida y no esperar eternamente. Es una cuestión delicada si tomamos en cuenta que muestran desde la ANSES: dicen que existen 450.000 juicios, pero sólo 100.000 ofertas de reparación. El resto, argumentan, son casos complejos y serán resueltos más lentamente.
En definitiva, la ANSES dice que se deben aplicar los parámetros del PRH a los juicios también. La perversa lógica hace que la ley que estaba destinada a reducir los tiempos judiciales, ahora sirva de excusa para dilatar los juicios.
Algunos legisladores votaron la ley 26.649 (que establecía el 82% móvil para el haber mínimo y que fue vetada) y la 27.260 (PRH). En la primera ordenaban que a los jubilados se les ajustaran los haberes por el índice Isbic; en la segunda se dispone que a quienes no quieran hacer un juicio se les ofrezca un ajuste por Ripte. Parece difícil decir que para el legislador el índice correcto es el segundo, cuando éste es optativo. Ahora se les endilga que por la última ley, los juicios deben demorar más y pagar menos.















