En el último día hábil del año, Alejandra Gils Carbó nombró 16 fiscales a través del nuevo Código Procesal Penal que todavía no entró en vigencia. Pero su polémica jugada fue ahora frenada por la Justicia: el juez contencioso administrativo Enrique Lavié Pico dictó una medida precautelar para impedir que asumen los funcionarios nombrados por la procuradora general de la Nación.
La medida había sido solicitada por el legislador bonaerense Mauricio D'Alessandro, quien días atrás anunció su pase al Frente Renovador de Sergio Massa.
"Hay varias asociaciones en contra de esta resolución. Es tan burdo lo que han hecho. Han esperado al último día del año para que no hubiera posibilidades judiciales de impugnarlo. En el propio Gobierno hay gente que piensa que es una locura lo que han decidido. No hay juez en la Nación que pueda convalidar estas designaciones", consideró D'Alessandro.
La procuradora tiene ahora 48 horas para apelar la decisión. Si lo hace, podrá avanzar con los nombramientos. Al menos hasta que la Justicia se expida y decida si dicta o no una medida cautelar para frenar las designaciones hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Aunque fue la primera en avanzar, la presentación de D'Alessandro no fue la única: en los últimos días, la Asociación de Magistrados, la Asociación Argentina de Fiscales y la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional también habían realizado pedidos similares en Tribunales.
Esta semana, el fiscal Guillermo Marijuán resolvió imputar a Gils Carbó por una denuncia que había realizado el juez Claudio Bonadio. El magistrado solicitó que se determine si la procuradora aplicó la reglamentación correspondiente para el proceso de remoción del también fiscal Carlos Gonella.
