Las gestiones ante ablación y potencial trasplante de órganos se realizan desde el sistema público o privado de salud, no de manera particular.
El Ministerio de Salud de Jujuy, a través del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante ( CUCAIJUY) reiteró a la población que en cada operativo de procuración y ablación de órganos con potencial posibilidad de trasplante, inicia un proceso complejo que consta de etapas dinámicas, coordinadas y reglamentadas por ley en el ámbito federal.
“En primer lugar, ante el alerta se aborda a la familia del potencial donante; con el acompañamiento de la familia se evalúan las condiciones para la donación con una serie de análisis inmediatos y exámenes complementarios cuyos resultados se cargan en un sistema informático nacional al que pueden acceder los distintos centros de trasplante, los mismos que realizan seguimiento a pacientes potenciales receptores en lista de espera”, explicó el referente del CUCAIJUY, Luis Luna.
“Una vez ingresados los datos del potencial donante, cualquiera de estas instituciones puede comunicar que cuentan con potencial receptor y con la confirmación de compatibilidad, que lleva varias horas de trabajo, los equipos ablacionistas de la provincia en cuestión llegan a Jujuy para la procuración y traslado final del o los órganos”, agregó.
En tanto, detalló que en el caso particular de ablación de riñón o córneas, se estableció hace varios años que la prioridad es para la provincia que genera el órgano, prioridad que no significa exclusividad porque se sigue abriendo una lista de espera a nivel nacional, en la que, en primer lugar se ubican potenciales receptores pediátricos, siguiendo por personas con último acceso vascular o personas ciegas. “Sin compatibilidad en estos casos, recién se habilita la lista de espera provincial a través del contacto que los distintos centros de trasplante realizan con sus pacientes en lista de espera y que pueden ser de nuestra provincia, de Salta, de Tucumán, de Córdoba, de Buenos Aires o del lugar que defina la gerenciadora, es decir, la obra social en caso que la persona cuente con cobertura”, sostuvo Luna, y afirmó que “es el médico de cabecera de la persona potencial receptora quien analiza los datos del potencial donante para la evaluación de condiciones de recepción del órgano”.
“Posteriormente, cada centro se contacta con su paciente anticipando la posibilidad de ser potencial receptor, sin que medie el INCUCAI ni el CUCAIJUY y con el paciente notificado, continúan exámenes de histocompatibilidad que insumen de 4 a 6 horas de demora, lo que permite conocer el porcentaje de rechazo del órgano y se comunica si se hace efectiva la intervención o no siempre a cargo del médico de cabecera”.
“Esta dinámica de distribución de órganos, incluye al INCUCAI y CUCAIJUY chequeando la lista de espera e informando a los centros de trasplante que tienen pacientes en lista de espera mientras el resto de las etapas las cumple cada institución. Este proceso se garantiza de manera integral, por ley, a través de la obra social de la persona mientras que si no tiene obra social, la provincia asimila cada una de las prestaciones”, remarcó Luna.
“Debemos aclarar que una vez que se realiza el contacto del centro de trasplante con el paciente potencial receptor que está en lista de espera y que tiene bajo su cuidado, el centro de trasplante tiene la obligación de comunicar a su paciente que existe posibilidad de recibir un órgano que se está ofreciendo y es encargado de garantizar todo el proceso a continuación: traslado, cirugías, control posquirúrgico de manera exclusiva lo que está contemplado y especificado en la ley 27447”.
“En estos términos, todo paciente está cubierto y ninguna persona debe buscar o gestionar por sus propios medios traslado, medicación, cirugía sino que se realiza mediante su obra social, si cuenta con ella o bien, sin cobertura, respondiendo el sistema de salud”.
En el caso de público conocimiento, “el centro de trasplante se comunica con la persona usuaria sobre posibilidad de recepción de un órgano pero debido a la hora en que realiza la comunicación, se imposibilita el contacto de la persona con su obra social lo que genera un inconveniente. Cuando el sistema público toma conocimiento de esta situación, el mismo centro de trasplante decide suspender la cirugía por el tiempo transcurrido”, detalló Luna.
Por último, aseguró que “el Estado está a disposición de todos los pacientes tengan o no obra social. Nuestra obligación es brindar contención a toda la población. En este caso, hubo falta de celeridad del centro de trasplante para la resolución temprana del traslado de parte de la obra social y por consiguiente, complicó la posibilidad de aporte del sistema publico”.
