Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Vial de la Provincia, junto a similares organismos del resto de las provincias argentinas, manifestaron un rechazo conjunto ante la Desaprobación de las Medidas de Desregulación en el Otorgamiento de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) propuesta por Nación.
En ese sentido, el secretario de Seguridad Vial, Alejandro Marenco, explicó que al ser un ente que defiende la seguridad vial y autoridades de aplicación de las normativas vigentes en la materia, “expresamos nuestra más profunda preocupación y firme desaprobación hacia las recientes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en relación a la desregulación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI)”, catalogando a la decisión como una medida “que buscan flexibilizar el proceso de obtención de la licencia, lo que representa una peligrosa amenaza para la seguridad vial y la calidad del transporte en nuestro País”.
“Es un Ataque a la Seguridad Vial”, expresaron en el comunicado desde el Consejo, asegurando que la LiNTI “ha sido un pilar fundamental en la protección de la vida en nuestras carreteras”, el cual ha funcionado como “un mecanismo de control que asegura que los conductores estén debidamente capacitados y evaluados en sus condiciones psicofísicas”.
La eliminación de la LiNTI o la reducción de sus exigencias “desencadenarán un incremento inevitable en la siniestralidad vial”, sostuvieron, aseverando que “eliminar este requisito, o flexibilizarlo a través de procedimientos más laxos, es un acto de irresponsabilidad mayúscula, cuyas consecuencias podrían ser fatales”.
“La desregulación también abre las puertas al desarrollo de un transporte irregular, generando una competencia desleal hacia aquellas empresas que operan en conformidad con las normativas vigentes”, enfatizaron, haciendo hincapié, no solo en el impacto económico y social, sino también “las consecuencias humanas de estas medidas”, las cuales “serán mucho más graves y profundas que cualquier beneficio a corto plazo”.
“Priorizar la rapidez administrativa sobre la seguridad humana es una decisión condenable y, francamente, inaceptable”, expresaron.
Finalmente, llamaron a reflexión a las autoridades del Ejecutivo Nacional y a los Legisladores Nacionales para reconsiderar estas medidas, sosteniendo que “es imperativo que se mantenga la obligatoriedad de la LiNTI y se fortalezcan aún más los procesos de control y formación de” los conductores profesionales. No podemos permitir que una medida que compromete tantas vidas se implemente sin una reflexión profunda y un análisis exhaustivo de sus consecuencias.
