El Partido Popular impulsa de manera urgente una iniciativa para que el Tribunal Constitucional pueda sancionar a a las autoridades catalanas con severidad si éstas declaran a Cataluña independiente.
En una inesperada medida para consolidar sus amenazas contra el independentismo del gobierno catalán, Mariano Rajoy presentó ayer una reforma del Tribunal Constitucional para que esta entidad pueda suspender a funcionarios y gobernantes que no cumplan sus sentencias. También podrán cobrarse fuertes multas de entre 3.000 y 30.000 euros.
Aunque la reforma, con trámite de urgencia, tendrá aplicación en todo el ámbito español está pensada por enfrentar a una posible declaración unilateral de independencia de Cataluña tal como lo ha proclamado el presidente de la Generalitat y líder soberanista, Artur Mas.
Para dejar bien clara su intención, el Partido Popular presentó la reforma con la presencia de su principal candidato a las elecciones regionales catalanas del 27 de setiembre próximo en la reunión de la bancada de diputados populares a la que Xavier García Albiol no pertenece.
"España no se va a romper pase lo que pase. Y actuaremos con toda energía para quien quiere que los españoles se sientan extranjeros en su tierra”, advirtió enérgicamente Rajoy. "La broma se ha terminado. Este es un mensaje claro para quienes rompen España”, apoyo el candidato Xavier García Albiol, de los sectores más duros del conservadurismo del PP.
Los comicios regionales en la comunidad autónoma catalana están en el centro de la crispada situación política porque la agitación en torno al dramático tema de la secesión de España tiene una directa influencia en toda España. En noviembre próximo tendrán lugar los cruciales comicios generales para elegir el parlamento que designará el nuevo gobierno con mandato de cuatro años.
La apasionada agitación nacionalista promovida desde los principales partidos soberanistas y asociaciones populares con gran poder de convocatoria popular, ha venido creciendo aceleradamente desde hace tres años.
El gran protagonista de este impulso secesionista ha sido Artur Mas, líder de Convergencia Democrática de Cataluña y presidente del gobierno autónomo.
Mas ha lanzado el más importante desafío al gobierno conservador de Mariano Rajoy y a las fuerzas que rechazan al independentismo, como el PSOE, Izquierda Unida, Podemos o Ciudadanos.
El presidente ha anunciado que las próximas elecciones que designarán los 135 diputados del parlamento catalán para elegir una nueva Generalitat tendrán un significado político mucho más amplio.
En caso de triunfar una lista que unifica a los partidos secesionistas con representantes de los movimientos populares independentistas, se iniciará el proceso de proclamación de la nueva República Catalana que se organizará en un plazo no mayor a 18 meses. Al llegar esa fecha se proclamará la independencia de Cataluña y la instauración de la República con sus flamantes instituciones.
Los independentistas, agrupados en “Juntos por el Sí”, están inmersos en una escalada de movilizaciones que tendrán un momento culminante el próximo 11 de setiembre, la Diada, Día Nacional de Cataluña. A partir de entonces la agitación se extenderá a toda Cataluña hasta el momento de la elección.
Para que la consulta no sea prohibida por el gobierno central, como sucedió el 9 de noviembre pasado, la convocatoria electoral ha respetado estrictamente la legalidad.
La decisión del gobierno provocó una fuerte reacción política sobre todo en Cataluña. La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, la rechazó tachándola de “electoralista” y “posiblemente anticonstitucional”.
Añadió que “el Partido Popular reacciona así contra el proceso soberanista con represión, endurecimiento de multas y suspensión de funciones”.
Rajoy reiteró anoche que “mientras sea presidente del gobierno se respetará la legalidad y Cataluña no será independiente".
