Diego Luciani expondrá su alegato a lo largo de nueve audiencias ante el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio por la adjudicación.
Desde su despacho solitario en el noveno piso de los tribunales federales de Comodoro Py, alejado de los pasillos en los que se encuentran a diario los magistrados, el fiscal Diego Luciani se dedicó, durante la feria judicial, a apuntalar el alegato que comenzará a exponer mañana en la causa Vialidad.
En base a las pruebas que acumula el voluminoso expediente y que fueron expuestas a lo largo del juicio oral, el fiscal deberá fundamentar su pedido para condenar o absolver a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y un conjunto de exfuncionarios nacionales y provinciales que participaron de la adjudicación de contratos de obra pública. En los tribunales de Comodoro Py nadie duda que Luciani pedirá una pena para ella. “Va a ir a fondo” especuló un juez con rango de camarista que conoce al fiscal.
El avance del juicio oral implicó más de una pulseada para Luciani. En mayo de 2019, una semana antes de la fecha fijada para el comienzo del juicio, la Corte Suprema de Justicia pidió el expediente al Tribunal Oral Federal 2 y el proceso quedó al borde de la suspensión. Los supremos argumentaban que debían hacerse del expediente para comenzar a analizar los recursos presentados por las partes, que buscaban impedir el avance del juicio. Luciani dijo a los jueces del tribunal en una presentación que “la mera interposición” de un recurso de queja ante la Corte Suprema no podía suspender el trámite del proceso.
En febrero de este año, como parte de los extensos interrogatorios a más de cien testigos que se llevaron adelante en este juicio, Luciani interrogó al Presidente, quien debió declarar por haber sido jefe de gabinete durante parte del período en el que se le adjudicaron las obras a Báez. Se cruzaron especialmente en torno a una pregunta que le formuló el fiscal, cuando este le exhibió partidas presupuestarias de algunas obras en particular.
Después de mostrarle la planilla, el fiscal insistió en preguntarle a Alberto Fernández sobre un anexo del presupuesto, especialmente sobre las circunstancias de una obra contratada en Santa Cruz, y sobre el criterio para asignar partidas presupuestarias. “Usted no me escuchó bien antes o tiene un problema de comprensión”, le recriminó Fernández al fiscal. “No me falte el respeto”, se plantó Luciani ante Fernández, dos veces.
El presidente del tribunal Jorge Gorini intervino y Fernández recalculó: “De ningún modo quise faltarle el respeto al doctor”, dijo en alusión al fiscal que impulsa la acusación contra Cristina Kirchner. Las defensas, mientras tanto, objetaban la línea interrogatoria del fiscal.
Luciani, de 49 años, trabajó como fiscal en el departamento judicial de San Isidro. Tuvo un breve paso por la fiscalía de Secuestros Extorsivos y fue fiscal federal subrogante en la ciudad de Mercedes. Luego pasó por los tribunales de San Martín. Desembarcó como fiscal ante los tribunales orales en Comodoro Py en 2013. Le tomó juramento la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, con quien entonces guardaba buena relación. Desde su desembarco en Comodoro Py, su fiscalía, la N°1 ante los TOF de la Capital Federal, logró 809 condenas, de las cuales 621 son por narcotráfico, 45 contra funcionarios públicos por casos de corrupción y 178 por otros delitos.
Desde el comienzo de este juicio Luciani incorporó a su equipo de trabajo a Sergio Mola, Fiscal General Adjunto de la Procuración General de la Nación. Mola, que es fiscal federal de Lomas de Zamora y arrastra una larga trayectoria como fiscal, participó de todas las audiencias del juicio y de los interrogatorios a los testigos.
“El trabajo de la fiscalía para cada audiencia fue preparado como un alegato”, señalaron cerca de Luciani a este medio. Los trece acusados son representados por abogados penalistas de peso que, durante los interrogatorios, se oponían a una y otra pregunta que formulaba Luciani a los testigos. Los letrados sostienen con certeza que no hay pruebas suficientes para sostener la acusación.
Luciani forma parte de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), aunque otro integrante de esa entidad dijo dijo que no tiene allí un rol activo y resaltó su bajo perfil.
Fue el fiscal del caso por el contrabando de efedrina, en el que todos los acusados fueron condenados. El año pasado acusó a la exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti, que fue condenada por defraudación al Estado.
Acusó también a un exfuncionario menemista y a dos empresarios por la privatización fraudulenta del astillero estatal Tandanor. Y acusó al expresidente de la Casa de la Moneda entre 1989 y 1999, Armando Gostanián, por el pago de sobreprecios. Tuvo a su cargo también la acusación contra Marcelo D’Alessio y el fiscal Juan Ignacio Bidone. Ambos fueron condenados por extorsión.
