La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires aceptó un recurso de queja presentado por el fiscal de Casación provincial para que se revoque el hábeas corpus colectivo que habilita las prisiones domiciliarias.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense declaró admisible el recurso de queja presentado por el fiscal Carlos Altuve, y suspendió provisionalmente las medidas dispuestas por el Tribunal de Casación Penal, que habilitaban la prisión domiciliaria para presos que integran el grupo de riesgo de contraer coronavirus.
El máximo tribunal provincial informó que aceptó tratar el recurso que presentó el fiscal de Casación bonaerense, para que se revoque el hábeas corpus colectivo que habilita la prisión domiciliaria, y ordenó la secuencia del trámite previo a la sentencia de fondo.
Ahora, el tribunal bonaerense quiere escuchar a los protagonistas: le pidió su opinión al Procurador General, Julio Conte Grand, jefe de los fiscales; y al defensor ante Casación, Mario Corigliano, que representa a las 19 defensorías generales que pidieron el hábeas corpus al que hizo lugar el juez del Tribunal de Casación, Victor Violini, en un fallo dictado el 9 de abril pasado que quedó en el ojo de la tormenta.
Los dictámenes de Conte Grand y Corigliano, más los antecedentes del expediente, servirán a los jueces de la Corte Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Eduardo de Lázzari y Sergio Torres para definir los lineamientos de su resolución.
Se espera que el fallo sirva para unificar un criterio claro para los jueces que tienen a su cargo personas detenidas y que piden morigeraciones o libertades en medio de la pandemia por el coronavirus. Aunque no hay plazos para esa resolución, se espera que la Corte bonaerense se pronuncie en los próximos días, teniendo en cuenta el impacto social que generó el tema y la necesidad de esclarecer el escenario para los magistrados que deben resolver estos planteos.
Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia resolvió abrir el recurso por “gravedad institucional” como así también para abordar las infracciones procesales denunciadas por el fiscal Altuve de la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal. La Corte, sin embargo, remarcó que el objeto de esta resolución “es solo al efecto de permitir el análisis de dichas cuestiones, las cuales serán resueltas en la sentencia”.
Reclamo de fiscal
El lunes, Altuve reclamó a la Corte que analizara el caso ante la “gravedad institucional” de esa resolución en donde “se ha vulnerado la garantía del juez natural que debe conocer en la situación de privación de libertad de las personas que se encuentren a su disposición, otorgando el arresto domiciliario a un número indeterminado de personas”. Y aunque reconoció “es necesario adoptar medidas urgentes y eficaces para paliar la situación de emergencia carcelaria y sanitaria”, reclamó que se deje sin efecto el fallo que había firmado el juez Victor Violini a inicios de abril que quedó en el centro de la polémica
Con la irrupción del coronavirus, los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires pidieron el 3 de abril que sean liberados todos los presos bonaerenses, tanto en cárceles como en comisarías, que sean considerados población de riesgo ante el posible ingreso del Covid-19 a los penales provinciales, tal como contó Infobae ese día. "Es inadmisible que personas que integran los grupos de riesgo en relación a la enfermedad producida por el virus COVID- 19 se encuentren aún hoy privadas de su libertad en cualquier dependencia de distinta naturaleza de la Provincia de Buenos Aires”, señalaba el habeas corpus.
Violini llevó adelante una audiencia en la que participaron Corioliano, defensor general; la defensora general de Mar del Plata, Cecilia Boeri; el fiscal general Carlos Altuve, el subsecretario de Políticas Penitenciarias del Ministerio de Justicia, Lisandro Pellegrini y el representante del Ministerio de Seguridad, Darío Ruiz.
Para resolver, Casación tuvo en cuenta una lista presentada por el Ministerio de Justicia que incluía a unos 700 detenidos en situación de riesgo, aunque informes posteriores hacían elevar ese número a unos 2300 internos que podían verse especialmente perjudicados si el coronavirus entraba a prisión. Esos listados estaban hechos en función de su edad y su patología.
