Prensa Jujuy.com || El Colectivo “Apacheta”, integrado por pequeños productores de Susques, El Toro y Coranzulí, inició una acción judicial ante las“irreparables irregularidades” con las que se habría llevado adelante el procedimiento de aprobación para la actividad minera en la región.
Jorge Iglesias, representante legal del colectivo, indicó que la acción fue planteada ante el Tribunal Contencioso Administrativo “luego de numerosas presentaciones administrativas y reuniones con el gobierno de nulos resultados”. Inicialmente, la denuncia recayó en el juzgado N° 3, a cargo de Sebastián Damiano, quien se declaró incompetente. Tras idas y vueltas, el caso finalmente quedó en el juzgado N° 4, a cargo de Fernando Pedicone.
Los motivos son las “irreparables irregularidades” con las que se habría llevado adelante el procedimiento de aprobación para la actividad minera en la región, entre ellas la falta de notificación, la violación a los estatutos de las comunidades, la presentación de los informes de impacto ambiental sin la debida participación y la falta de contratación del seguro de garantía.
La preocupación de los productores susqueños viene a partir del inicio de actividades de las empresas mineras Sales de Jujuy y Exar,que en forma conjunta con la empresa de minera de la provincia (Jemse) desarrollan proyectos de explotación de litio y de cloruro de potasio en la zona.
Apacheta es un grupo interdepartmental de pequeños productores. Entre otros referentes del colectivo, se encuentran Carlos Guzmán, Edelmiro Tinte, Salvador Soriano, Gilberta Cruz y Elva Guzmán. Vale indicar que Sales de Jujuy y Exar están asentadas en los salares de Olaroz Cauchari e, incluso, ya se está realizando la demarcación para un parque industrial a pocos kilómetros del pueblo de Susques, lo cual los productores consideran un despropósito. Sostienen que estas explotaciones los afectarán mucho porque sus campos limitan con el salar. Al ser colidantes, señalan, podría descender dramáticamente la provisión de agua, lo que afectaría la producción de sus campos y de sus medios de vida en general. Ocurre que la cantidad de agua que consumen estas empresas es formidable. Sales de Jujuy, en una reunión mantenida con el colectivo, dijo que ocuparía 14 millones de litros de agua por día.
Además, la gente niega que el gobierno haya dado verdadera participación a las comunidades del lugar. Sólo se notificó a los comuneros y comisionados, en su mayoría, afines al partido gobernante, sostienen. Pero jamás se habría abierto la participación a los residentes del campo. “A las reuniones donde se discutieron estos proyectos, sólo asistieron comuneros, comisionados, algunos empleados que responden al municipio y los que trabajan en la mina”, señaló el abogado Iglesias.
Por ejemplo, los productores mencionan el caso de Roxana Calpanchay, presidenta de la Comunidad de Puesto Sey (al lado de Olaroz), quien mantendría vínculos directos con Exar, ya que sería quien maneja la bolsa de trabajo y estaría aportando asesoramiento a la empresa. Otro de los casos que se critica duramente es el de Héctor Luzco, comisionado municipal de Susques, quien, siendo autoridad, aparece avalando los proyectos en un spot institucional producido por la propia la empresa.
Una grave irregularidad, según los denunciantes, es que el 11 de septiembre de 2012, en Susques se realizó una reunión donde se aprobó la actividad minera en la zona, lo cual fue publicitado por el gobierno como fruto del “consenso”, pero las actas habrían sido firmadas por no más de 30 personas, “cuando el estatuto de la comunidad establece que para aprobar el proyecto minero se requiere de la mitad más uno de la totalidad de los habitantes de la comunidad. Pero los firmantes son la comisión municipal y empleados mineros”, aseveró Iglesias.
Consultado sobre cómo seguiría el trámite judicial, el letrado señaló que el juez Pedicone debe correr traslado al fiscal de Estado, Gustavo Toro, quien, a su vez, debería convocar a las autoridades a cargo del asunto como el secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia, Carlos Navarro; el director Provincial de Minería y Recursos Energéticos, Javier Elortegui Palacios, y la jueza Administrativa de Minas, Cristina Lucas de Durruty. Luego, el proceso marca que se debería convocar a audiencia a fin de conciliar a las partes.
