La aprobó el Senado, con los votos del oficialista Frente Amplio y otras fuerzas.En qué casos se autorizará.En otros países de la región es una práctica despenalizada, pero por sentencias judiciales.
Tras años de debate, Uruguay se convirtió este miércoles en el primer país de América Latina con una ley de eutanasia. El Senado de ese país sancionó el proyecto de Muerte Digna, que cuenta con el apoyo de distintas fuerzas políticas y de la mayoría de la sociedad, según encuestas recientes. En la región esta práctica también está despenalizada en Colombia y Ecuador, pero no por vía legislativa sino a través de fallos judiciales.
Pasadas las 22, el Senado aprobó en general por 20 votos afirmativos sobre un total de 31 el proyecto. Detrás quedaron más de 12 horas de debate. "Ha quedado aprobado el proyecto, el cual se comunicará en el día al Poder Ejecutivo", sostuvo el primer vicepresidente del Senado, Sebastián Sabini Giannecchini, antes de la celebración con aplausos en el recinto.
Con 64 votos a favor y 29 en contra, hace dos meses los diputados de Uruguay le habían dado luz verde a la última versión del proyecto, impulsado inicialmente por el ex legislador del opositor Partido Colorado, Ope Pasquet, en marzo de 2020.
En el Senado el proyecto contó con los votos del oficialista Frente Amplio -ya le alcanzaban para ser aprobado-, y también con los de legisladores colorados y del opositor Partido Nacional.
El 62% de los uruguayos está a favor de la eutanasia y un 24% en desacuerdo, según una encuesta de la Cifra difundida en mayo de este año. La misma consultora registró que de 2022 a este año el grado de aprobación de la sociedad creció en 7 puntos porcentuales.
La ley busca garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir", mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles, o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.
"Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República", cita el texto, que detalla luego el paso a paso del procedimiento para la eutanasia.
El proceso para la aplicación de la norma está inspirado en el que se aplica desde 2002 en Bélgica y .Países Bajos.
Antecedentes en América
En América Latina hay antecedentes de despenalización de esta práctica, pero no por ley. Colombia fue en 1997 el primer país de América en hacerlo por una sentencia de la Corte Constitucional, aunque la primera eutanasia legal se realizó en 2015.
Desde 2021, en Colombia el acceso a la eutanasia está permitido incluso a personas con enfermedades graves e incurables no terminales. En 2023 se realizaron unas 270, casi un 50 % más que en 2022, según el Laboratorio DescLAB.
En Ecuador, en tanto, se despenalizó en febrero de 2024 tras un fallo de la Corte Constitucional que se consideró histórico. Aunque aún no existe una ley que regule su aplicación, el Ministerio de Salud emitió en abril de 2024 un reglamento transitorio que fija los criterios y procedimientos para acceder a ella. Entre los requisitos figuran informes médicos y psicológicos exhaustivos, y la primera eutanasia legal en el país se llevó a cabo en mayo de 2025.
Argentina aprobó en 2012 la ley 26.742, que autoriza a pacientes terminales o con enfermedades irreversibles a rechazar tratamientos, incluida la alimentación o hidratación, pero no habilita la eutanasia activa.
En México, 20 de los 32 estados cuentan con leyes de "voluntad anticipada" que permiten rechazar tratamientos, aunque la eutanasia activa sigue prohibida por la Ley General de Salud. Una encuesta de 2022 indica que siete de cada diez mexicanos apoyan la eutanasia.
En Brasil -donde la eutanasia se considera homicidio- el tema no figura en el debate público y no hay visos de que la situación cambie a medio plazo, porque no figura en la agenda de los partidos.
Otro antecedente en el continente es el de Canadá, que la legalizó en 2016, después de una sentencia del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la penalización. En 2023, en ese país 15.343 personas recibieron ayuda médica para morir, un 15,8 % más que el año anterior.
Fuente Clarín
