Por Alejandro Cano
Durante los últimos días, se llevaron a cabo en distintos puntos del país distintas manifestaciones públicas, para protestar por la falta de pago a prestadores que trabajan con personas con discapacidad y su impacto negativo en la salud de los pacientes.

Esta responsabilidad de pago a prestadores depende exclusivamente de un sistema que está basado en las obras sociales privadas y la Superintendencia de Servicios de Salud. Participa también de este ámbito la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente del poder ejecutivo nacional.
En nuestra capital provincial, las protestas fueron realizadas por profesionales prestadores y las familias de las personas con discapacidad que necesitan garantizar la continuidad de sus respectivos tratamientos.
Marisel del Rosario Zarate, es mamá de un niño con trastorno del espectro autista (TEA) y en diálogo con Notinor.com, afirmó que forma parte de un grupo de padres auto-convocados que se formaron en Jujuy para oponerse por la aprobación de un Decreto de Necesidad y Urgencia, que estaría listo para la firma del presidente Alberto Fernández y que establece que las prestaciones de discapacidad bajo cobertura de las obras sociales serían absorbidas por el estado nacional
Particularmente se vería afectada ya que en el caso del autismo se necesitan distintas terapias dependiendo de las características del paciente. Destacó que muchos chicos están en riesgo de quedarse sin terapia ni acompañamiento terapéutico escolar por la falta de pago de lsa obras sociales que ya deben 4 meses de pago a los prestadores.
Zarate señaló que las Obras Sociales dejarían de brindar cobertura a los pacientes en un 100% en el área de discapacidad, anulando en los hechos el módulo de discapacidad del que por ley se deben hacer cargo.
Sobre la posibilidad de que se firme el DNU, considera que el estado solo reconoce la atención en los hospitales públicos o en grandes centros terapéuticos con especialidad, que no podrían tener vacantes y que los profesionales no darían abasto.
“Hoy se llevan a cabo protestas en todas las provincias y se piensa en una marcha de todas las familias y prestadores a Buenos Aires, apoyamos a los profesionales porque necesitan cobrar su sueldo en tiempo y forma, nos manifestamos de forma preventiva para que no se firme el DNU, luchamos por los derechos de nuestros hijos con discapacidad” indicó.
Respuesta oficial
Desde la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo que regula los recursos económicos en coordinación con las obras sociales, se recordó que el Decreto N° 904/16 aprobó un mecanismo de distribución directa de los recursos del FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCIÓN (FSR) a las obras sociales nacionales, para ser destinados exclusivamente al financiamiento de las prestaciones contempladas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad (Res. N°428/99).
El resto de las prestaciones que se otorgan a las personas con discapacidad, las obras sociales las financian con recursos propios.
Las obras sociales, en cumplimiento del decreto mencionado, tienen abierta una "CUENTA DISCAPACIDAD", que tiene afectación específica y exclusiva para recibir las transferencias provenientes del FSR y pagar las prestaciones. Dicho proceso se encuentra en curso dada la dinámica de la recaudación, para que el organismo recaudador proceda a acreditar la suma total a la "cuenta discapacidad" de cada Agente y para que se efectúen los pagos de las prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad.
Las obras sociales, dentro de los 60 días corridos a partir de la finalización de cada mes, deben presentar ante la superintendencia un Informe de rendición de los pagos a los prestadores. El proceso no ha sufrido ninguna modificación ni ha mediado ninguna situación que atente contra el derecho de acceso a las prestaciones de las Personas con discapacidad.















