El presidente Emmanuel Macron le declaró la guerra a las “fake News”, tras haber sido su principal víctima durante la campaña electoral. La ley “de la fiabilidad y la confianza en la información” estará lista en pocos días para ser presentada por la mayoría de En Marcha, el partido oficialista, en la Asamblea Nacional francesa. La norma reglamentará las plataformas sociales, las redes y los medios bajo influencia de un Estado extranjero.
Macron lo había anunciado en enero, cuando presentó sus saludos a la prensa en el palacio del Eliseo. Es la ministra de cultura, Françoise Nyssen, quien está a cargo de su redacción junto a su gabinete. Con mayoría parlamentaria, Macron no va tener problemas para imponerlo.
“Nuestro tema no es definir qué es una noticia falsa o qué son exactamente las 'fake news'. El objetivo nuestro es su universo, los canales de difusión de las noticias falsas hoy”, explican en el ministerio. Tienen dos objetivos o “vectores”: las redes sociales, como Facebook y Twitter, y los sitios para compartir videos, como YouTube, así como los medios bajo influencia de un Estado extranjero. Un ejemplo es el peso del Estado ruso en Russia Today, a quien Macron le impidió el acceso a sus oficinas en la campaña presidencial, o Spútnik.
Las redes sociales son el objetivo. Francia analizó los dispositivos que ya han adoptado o están en tren de adoptar Gran Bretaña y Alemania contra ellas. En su investigación para llegar a esta síntesis analizaron casos concretos de “Fake News” en la campaña por el Brexit, el referéndum en Cataluña y los refugiados en Alemania.
La ley francesa va a aplicarse en las campañas electorales, con un máximo de cinco semanas antes del escrutinio. Estará basada en tres grandes resoluciones.
La primera permitirá al Consejo Superior del Audiovisual (CSA) “suspender” o “revocar” el convenio de un medio bajo influencia de un Estado extranjero, cuando las autoridades consideren que propaga una noticia falsa.Y si no tiene convenio con el CSA, el medio audiovisual sufrirá la prohibición de emitirla.
Una segunda resolución afectará a las plataformas digitales o redes sociales. En el período que comprende la ley, Facebook, Twitter y YouTube tendrán la obligación de publicar a cambio de qué monto “los contenidos de información” esponsorizados han sido publicados. Esta práctica de la publicidad permite a los autores de esos contenidos volverlos más visibles, a través de una transacción financiera con las redes sociales. Es decir: hacerlos subir en las prioridades de actualidad de Facebook o en Youtube.
El gobierno descuenta que las redes van a aceptar las condiciones impuestas. De lo contrario, la legislación les impondrá “un deber de cooperación“ en esta cuestión.
El tercer elemento es encontrar un instrumento legislativo que permita actuar rápidamente contra la desinformación. Este será el medio por el que un ciudadano “puede recurrir a un juez para frenar la difusión masiva y artificial de una noticia falsa”.
La nueva legislación francesa se suma a la decisión de la primera ministra británica Theresa May de hacer pagar a Google y Facebook el periodismo de calidad y subvencionar los diarios regionales británicos, al borde de la quiebra. Ella considera que “la declinación del periodismo impreso de alta calidad es peligroso para nuestra democracia”.
El gobierno británico quiere que las redes sociales paguen a los medios de prensa tradicionales un parte justa de las ganancias de su publicidad digital para apoyar los contenidos que no son pagos. Theresa May está lista para convertir este proyecto en ley si las plataformas no colaboran voluntariamente.
“En años recientes, especialmente en el periodismo local, hemos visto caer la circulación, y miedos por la futura sustentabilidad del periodismo de calidad”, aseguró la primera ministra británica.
“Al menos 200 diarios regionales han cerrado desde el 2005. Esto es peligroso para nuestra democracia. Cuando confiables y creíbles fuentes de noticias declinan, nosotros nos volveremos vulnerables a los noticias que no son confiables", alertó May.
En Europa hay una resistencia en la opinión pública a la actitud de los redes sociales, a su conducta en los comicios y las sienten como una amenaza en las futuras elecciones que vienen.
