"El derecho a manifestarse no puede colisionar con el de circular y trabajar libremente", se expresó el diputado Waldo Wolff, de Juntos por el Cambio.
Luego de que el Gobierno nacional afirmara que no quitará los planes sociales a las personas que participaron del acampe en la 9 de Julio la semana pasada, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio llevó un proyecto de ley al Congreso para que le quiten el beneficio a quienes cortan las calles.
Encabezados por Waldo Wolff, el texto de los legisladores de la oposición va en línea con lo que pidió el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien exigió castigar a los piqueteros con la quita del beneficio estatal no solo por la interrupción del tránsito sino también por la utilización de menores en la protesta.
"Junto a 15 diputados presente proyecto de ley para suspender planes a quienes cometan delitos o contravenciones durante protestas. El derecho a manifestarse no puede colisionar con el de circular y trabajar libremente", se expresó el dirigente del PRO en su Twitter. Fernando Iglesias, Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo son otros de los firmantes.
La nueva disputa entre la Ciudad y la Nación se da después de una semana muy tensa en la que organizaciones sociales acamparon en la 9 de Julio. El ministro nacional convocó a los piqueteros para evitar que hagan una nueva manifestación.
La Ciudad pide al Gobierno que le quite los planes sociales a los que corten las calles
El Gobierno no dará más planes sociales: crece la tensión interna
Días atrás, el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta dice que tiene el pleno acompañamiento del presidente Alberto Fernández para sostener su decisión de no otorgar "más altas de planes sociales".
Zabaleta, un funcionario enfrentado al kirchnerismo y que mantiene una relación oscilante con el Movimiento Evita, será en los próximos días el vocero oficial de la posición que la Casa Rosada buscará sostener frente a la amenaza latente de los piqueteros más intransigentes que piden más planes, pero que también huelen la cerrazón de un gobierno que se desangra políticamente.
El Evita, con Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro a la cabeza, juega en ese tablero un papel relevante. Es más: desde ese espacio dicen que fueron ellos los que pidieron que no se liberen más planes. "Es una puerta que, si no, no se cierra más", abundaron.
El ministro Zabaleta confirmó que el Gobierno no dará más planes sociales
Enfrentado cada día más enérgicamente con la agrupación fundada y liderada por Máximo Kirchner, la organización social, que ocupa puestos relevantes en el Gobierno, avala la decisión oficial de no dar más planes sociales: en la actualidad hay unos 1.200.000 planes Potenciar Trabajo que Mauricio Macri había duplicado durante su gestión y que Fernández hizo lo propio cuando asumió, en el 2019.
Sin embargo, Pérsico y Navarro redoblan la insistencia para "institucionalizar" a los trabajadores de la Economía Popular, la batalla final del Movimiento Evita.
El Gobierno ratifica que no dará más planes sociales
En la Casa Rosada persiste la idea de que detrás del multitudinario acampe frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social realizado por las organizaciones del frente "Unidad Piquetera", como el Polo Obrero, el CUBA-MTR, Bloque Piquetero Nacional, Barrios de Pie/Libres del Sur y el MST Teresa Vive, hay "cuestiones políticas".
Así lo consideró el secretario de Economía del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y uno de los que maneja la relación con los movimientos sociales. En el Ejecutivo hay quienes creen que la negativa a entregar más planes sociales y la delicada situación política del oficialismo motivaron a las agrupaciones a marcar la cancha y "tomar la calle".
"Se abrieron canales de diálogo informales mientras estaban cortando, pero se plantaron en la suba de planes y eso no va a ocurrir", indicaron a iProfesional fuentes del Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Juan Zabaleta, embarcado en la tarea de reemplazar "planes por trabajo" que encomendó Alberto Fernández.
El acampe en la 9 de Julio planteó un nuevo desafío para el Gobierno y su política sobre los planes sociales
En su lista de reclamos, las agrupaciones pidieron nuevas altas para el Plan Potenciar Trabajo, el cual equivale a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil y actualmente lo cobran 1,2 millones de personas. El Gobierno se negó a ese pedido y, pese a la negociación en la que logró acordar otros puntos, no pudo desactivar la protesta.
