A las penurias cotidianas por el descomunal desabastecimiento y una inflación galopante del 68%, los venezolanos agregaron desde ayer una nueva: la obligación de resignar aún más sus compras de dólares para viajar al extranjero. Todo forma parte de una medida oficial anunciada el viernes y que este lunes entró en vigor. El gobierno del presidente Nicolás Maduro redujo la asignación de divisas para quienes viajen a Estados Unidos, a Europa, Asia y África e incluso a Sudamérica, y concentró además el otorgamiento de dólares de manera exclusiva en la banca pública.
La decisión se debe a una sequía de dólares cada vez más acuciante para las arcas del Estado, que debe cubrir este año facturas públicas por al menos 25.000 millones de dólares. La caída de los precios internacionales del crudo a unos US$ 50 en promedio –cuando cotizaba casi el doble hace un año– ha hecho que las cuentas entren en rojo. Los ingresos petroleros cubren el 90% de lo que se consume en el país, donde existe desde el 2003 un cepo al dólar que ha hecho disparar el precio del paralelo, hundido a la economía privada y provocado una escasez de productos esenciales como nunca se vio en Venezuela, que cuenta con las mayores reservas de crudo del planeta. “Este recorte de asignaciones a los viajeros muestra que la economía ha entrado en una fase crítica”, dijo el líder de la oposición, Henrique Capriles. El ex candidato presidencial sostiene que el gobierno intenta con ello cubrir sus errores de gestión económica sin pagar un alto costo ante las próximas legislativas.
El cupo de dólares para viajar a EE.UU. fue rebajado de 2.500 a 700 dólares; de 3.500 a 2.000 para trasladarse a Europa, Asia y Africa; y de 2.500 a 1.500 para viajar a Sudamérica. El adelanto en efectivo de 500 dólares a cada viajero fue reducido a 200 dólares que podrán ser retirados en un telecajero en el extranjero. Lo único que se mantiene igual es el cupo de 300 dólares para comprar por Internet, pero será fraccionado a razón de 100 dólares cada cuatro meses.
El gobierno busca ahorrarse unos 2.500 millones de dólares con la reducción del cupo a los viajeros, sostuvo el economista y director de la prestigiosa Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, para cubrir el déficit de 25.700 millones de dólares por la caída fuerte del ingreso petrolero.
Todo esto causa grandes perjuicios a los viajeros. La banca pública es la única autorizada para tramitar los dólares, lo cual obliga a los interesados en obtener divisas a pagar una tasa preferencial asignada de 12 bolívares en el momento en que abren una cuenta en algún banco estatal y obtienen así acceso a una tarjeta de crédito Visa o Master Card. Pero este trámite, que en cualquier país normal sería sencillo, en Venezuela deviene en una pesadilla porque la banca pública, a su vez, no puede emitir tarjetas de crédito debido a que no tiene plástico. “Será a partir de mayo”, dijeron en el sector oficial. Todo se debe a los problemas de desabastecimiento por la escasez de dólares.
“Yo no voy a viajar pero tampoco tengo tarjeta de crédito y débito”, dijo Eduardo Rodríguez, un albañil de la construcción, al explicar a Clarín que lleva cuatro meses esperando que su banco le emita la tarjeta de plástico. “Me dijeron que no había”, comentó.
Pero ahí no termina el vía crucis para conseguir dólares. Como los canales oficiales son tan difíciles, los viajeros deben recurrir al Sistema Marginal de Divisas (Simadi) –puesto en vigencia hace un mes– cuya tasa está en el orden de los 194 bolívares. Pero no todo el mundo tiene acceso a este sistema. La última puerta entonces es la del mercado paralelo o negro que vende el dólar a 248 bolívares. Los economistas critican que la medida estimula el incremento del paralelo y dispara la inflación.
Venezuela, con un control cambiario desde el 2003, vende sus divisas a 6,30 bolívares por dólar para la compra de alimentos y medicinas; y a 12 bolívares para viajes y otras importaciones prioritarias. Para todo lo demás, existe un sistema de libre flotación donde el cambio oscila los 193 bolívares. Además está el dólar paralelo que supera ya los 200 bolívares.
El gobierno echa la culpa a los “raspacupos”, o sea, los que trafican ilegalmente con los cupos. “Hay un problema de fuga de más de US$ 8.000 millones todavía con quienes solo utilizan el cupo para entregárselo a otras personas”, dijo el jefe del Parlamento, Diosdado Cabello. “Usando la banca privada, nosotros hemos encontrado personas con más de 20 tarjetas de crédito de un banco”, sostuvo ayer.
Luis Vicente León, director de Datanalisis, considera que la reducción del cupo es “como coserle la boca a tu hijo para que no engorde”. Para León, la acción racional a seguir sería “ajustar la economía, liberar mercados y subsidiar en bolívares a la población más pobre. Pero, el gobierno –argumentó– aún está lejos de eso”.
