La ley 1420 es un clásico de los manuales escolares: fue la norma que dio fisonomía al sistema educativo al garantizar la escuela pública gratuita, universal y obligatoria. Fue aprobada en 1884 tras encendidos debates. El punto más polémico en aquel momento –la inclusión o no de contenidos religiosos en los programas– vuelve a ser, 131 años después, motivo de controversia.
El diputado Manuel Garrido (Progresistas) acaba de denunciar que la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico Argentino, encargada de ordenar las leyes vigentes y descartar aquellas que han sido superadas por otras más recientes, ratificó la derogación completa de la histórica Ley, votada por el Congreso en 2014. La decisión no sorprendería –el sistema educativo argentino se rige por la Ley de Educación Nacional 26.206 de 2006 y por las leyes provinciales–, si no fuera porque el artículo 8 de la ley 1420, que garantizaba la educación laica, no está contenido en ninguna norma nacional vigente.
Aunque no mencionaba el carácter laico de la educación, el artículo 8 dejaba la instrucción religiosa como optativa y fuera del horario escolar. A partir de una recomendación de la Dirección de Información Parlamentaria, la mayoría oficialista de la Comisión Bicameral aprobó la derogación total de la ley, con la oposición solitaria de Garrido, que pidió mantener vigente aquel artículo. Para Garrido, esto “podría abrir la puerta al regreso de la educación religiosa a las escuelas públicas, excepto en las jurisdicciones que tienen leyes propias que garantizan la laicidad”, como la Capital. Rodolfo Urtubey, vicepresidente de la Comisión y hermano del gobernador de Salta, consideró que la ley 1420 “ya había sido derogada por las leyes educativas posteriores”.
“Es un grave retroceso”, evaluó Garrido, que basó sus argumentos en el trabajo de un grupo de investigación de la Facultad de Derecho de la UBA dirigido por Marcelo Alegre y Roberto Gargarella, quienes en diciembre reclamaron la vigencia del artículo 8. Su objeción fue una de las más de 6000 que recibió la nueva versión del Digesto Jurídico (aprobada en el Congreso en mayo de 2014), las cuales fueron analizadas por los técnicos de la Dirección de Información Parlamentaria, que emiten recomendaciones sobre cada caso, para que la Comisión decida.
La Ley de Educación Nacional y su antecesora, la Ley Federal 24.195 de 1993, no habían derogado de forma explícita la ley 1420. Sin embargo, la ley 24.195 sí establecía que las disposiciones que se le opusieran quedaban derogadas. Pero, según Alegre y Gargarella, “el artículo 8 de la ley 1420 no está alcanzado por esa derogación implícita”, porque las leyes posteriores no incluyen el tema de la laicidad. Los juristas sostienen que el artículo 8 no se opone a las leyes vigentes, sino que es coherente con ellas. Y subrayan “la autonomía del artículo 8, es decir, su operatividad sin perjuicio de la vigencia del resto de la ley 1420”.
Aunque el dictamen de la Comisión deberá pasar por el recinto, Garrido explicó que “esta decisión ya está vigente y consolidada desde el 23 de junio”. Ahora, el artículo 4 de la ley 26.206 garantiza la “igualdad, gratuidad y equidad” de la educación, pero no la laicidad.
“El final de la laicidad escolar no es una mera cuestión abstracta o académica –advierte Mariano Narodowski, ex ministro y especialista en educación de la Universidad Di Tella–. Tres provincias permiten en sus constituciones la enseñanza religiosa (Salta, Catamarca y Tucumán) y en Salta desde 2008 se la implementa en escuelas públicas. En Córdoba, La Pampa, San Luis y Santiago del Estero la legislación permite la enseñanza religiosa no obligatoria. Sólo la Ciudad de Buenos Aires y Neuquén se declaran laicas en diferentes aspectos. En el resto de las provincias se mantiene la misma ambigüedad que en la ley nacional de educación, por lo que ahora se abre la posibilidad de regresar en el tiempo e imponer religión como materia”.
