Diputados sancionaría el miércoles la ley que dispone el traspaso de la casa de estudio a la órbita del Ministerio de Justicia, pese a las denuncias por deudas y el caso Schoklender
El Gobierno se dispone a manejar el destino de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, tres años después de que la organización de derechos humanos fuera salpicada por las sospechas de desvíos de fondos públicos por parte de Sergio Schoklender, quien fuera mano derecha de Hebe de Bonafini.
El miércoles próximo, y luego de meses de que fuera votada en el Senado, la Cámara de Diputados sancionaría la ley que dispone la estatización de la Universidad y su traspaso a la órbita del Ministerio de Justicia, que conduce Julio Alak.
"Estamos re contentos, esperando, casi seguro que el miércoles sale", adelantó hoy Bonafini en declaraciones a radio Del Plata, y apuntó duras críticas a la oposición: "Digo que sale porque el enemigo está protestado tanto... No le digo oposición, porque para mí son mis enemigos. Si protestan tanto, es porque está por salir [la ley]".
La presidenta de Madres aclaró que la asociación ya tiene "todo muy encarado, muy bien ordenado y organizado" a la espera de la media sanción, que el kirchnerismo descuenta al contar con la mayoría en la Cámara baja.. "Si sale el miércoles, aunque sea con agua me voy a mamar, porque hace muchos años que estoy esparando esto", planteó Bonafini.
Asimismo, reconoció tener que "seguir pagando las deudas que hay" en la asociación, aunque, subrayó: "Eso es aparte, no tiene nada que ver con la Universidad". "Tenemos que hacer mucho esfuerzo para pagar todas las deudas que nos dejó Schoklender y compañía", acusó, en referencia al ex apoderado de la fundación.
Bonafini aclaró que la asociación continuará teniendo "relación" con la Universidad porque, dijo, "la gente que la dirige es gente nuestra", aunque añadió: "Vamos a tomar otra gente, por supuesto".
En su paso por la Cámara alta, en mayo pasado, los legisladores de la oposición denunciaron la falta de motivos reales que justificaran la decisión de pasar el instituto educativo al Estado. Y apuntaron al crítico estado financiero de la entidad que preside Bonafini (se mencionó una deuda a la AFIP de $ 237 millones) y las sospechas de corrupción, hoy investigadas por la Justicia., a partir de las irregularidades detectadas en la construcción de viviendas populares.
OBLIGATORIEDAD DE LA SALA DE 4 AÑOS
En la misma sesión del miércoles, el kirchnerismo tiene en agenda votar otros proyectos legislativos vinculados con la educación. Uno de ellos declara obligatoria la sala de 4 años del nivel educativo inicial y tender a la universalización de la sala de 3. La propuesta recibió dictamen de comisión semanas atrás y cuenta con amplio consenso, según consignó la agencia Télam.
Se trata de una iniciativa que modifica los artículos 18 y 19 de la Ley de Educación Nacional y hace referencia a que "la Educación Inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los niños desde los cuarenta y cinco (45) días de vida hasta los 5 años, siendo obligatorios los dos últimos".
El proyecto establece que "el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para los niños de tres (3) años de edad, priorizando la atención educativa de los sectores menos favorecidos de la población".
Por otra parte, el oficialismo buscará aprobar en el recinto la creación de las universidades de Alto Uruguay, Raúl Scalabrini Ortiz, Guillermo Brown, Rafaela, Ezeiza y la Universidad Pedagógica Nacional. También se debatirá la creación de la Universidad de Hurlingham; la de Comechingones, en San Luis; y la Universidad Nacional de las Artes (UNA), sobre la base del actual Instituto Universitario Nacional del Arte, creado en 1996.
Agencias DyN y Télam
