El grupo Carmargo Correa es uno de los holding tops en Brasil. Bien lejos de ser “recién llegados” al mundo empresarial, su fundación remonta a 75 años atrás. Hasta el año pasado, actuaban en un amplio rango de actividades: ingeniería, construcción, cemento, obras hidroeléctricas, industria naval y explotación petrolera. Pero la célebre Operación Lava Jato, que descubrió una poderosa red de delincuentes de “cuello blanco” que ocupaban los primeros puestos en Petrobras, puso a la dirección del holding en el ojo de la tormenta: su vicepresidente Eduardo Leite pasó una temporada de 130 días entre rejas.
Ahora, en libertad vigilada dentro de su casa, con una tobillera electrónica que delata su situación, el ejecutivo tuvo que acudir al expediente conocido como “delación premiada” para salvarse de continuar en jaula de hierro. Y fue impactante.
Este sábado se conoció su confesión a los fiscales que investigan el escándalo de la petrolera estatal. Admitió que el holding entregó unos 55 millones de dólares en coimas entre 2007 y 2012 (según el tipo de cambio de aquel período). Una parte abonó los bolsillos y las cuentas en el exterior del ex director de Servicios de la petrolera estatal Renato Duque. La otra fue para el ex director de Abastecimiento de la compañía, Paulo Roberto Costa. Ambos fueron presos por orden del juez Sergio Moro, quien se ocupa de manejar los hilos de la investigación desde su despacho en Curitiba, capital del estado de Paraná. A las celdas de la Policía Federal de esa ciudad fueron a parar todos los enviados a prisión por el operativo “Lava Jato” (Chorro de Agua, si se quiere una traducción). Pero la mayoría ya retornó a sus residencias, donde permanecen por ahora en calidad de presos.
Lo interesante de sus declaraciones reside en la identificación de quienes fueron los que lo presentaron a los ex ejecutivos de Petrobras. Nada menos que el cambista Alberto Youssef, pieza clave en la mafia, y el diputado y político fallecido del conservador PP (Partido del Progreso) José Janene. Nada tuvo que ver su entrada en la escena de los grandes negocios petroleros, con alguien del PT. Como el vicepresidente de Camargo no quería quedar como el único culpable de coimear funcionarios de la petrolera, no vaciló en meter dentro de la historia a su superior: el propio presidente del grupo, Dalton Avancini, quien según dijo su subordinado “sabía de todo”. Avancini también pasó por la prisión por unos días, pero rápidamente fue liberado tras firmar esos famosos acuerdos de “delación premiada” que le permite responder al proceso en libertad. Entre los detalles de su confesión hay uno que huele a intriga. Afirmó que el presidente de la Constructora Odebrecht, uno de los mayores holdings brasileños con presencia en toda América Latina, era la que controlaba qué tajada de las obras le correspondía a cada miembro del “club” de las coimeras. Fue así, según dijo, en el complejo petroquímico de Río de Janeiro, Comperj, uno de los principales emprendimientos de Petrobras. Avancini fue directo: dijo que Odebrecht “capitaneaba” el cartel conocido como “club de las constructoras” y se llevaba “los contratos más voluminosos”.
Leite, al igual que el presidente Avancini, admitió que había entrado en ese esquema para colocar a Camargo en el afamado y elitista club de las grandes. Era la única manera de asegurar que recibirían licitaciones a cambio del pago de una “prima”. En el caso de este grupo, los 55 millones de dólares fueron transferidos a los beneficiarios, tanto los ex directores como de los políticos que los apañaban, para hacerse de parte de las obras en la refinería Repar (en Paraná); en la Abreu e Lima (Pernambuco) y en la Revap de San Pablo. Según palabras del propio Leite: “Con el pago de coimas la constructora se mantenía en el mercado y se tornaba más fácil incrementar los resultados”.
No hace mucho tiempo, Camargo era elegida como la mejor empresa en la categoría de construcción civil. Así la seleccionó el anuario Epoca 360º de la editora Globo. Mientras el grupo recibía el galardón, sus dos principales ejecutivos se encargaban de enviar el dinero del diezmo a los ex directores de Petrobras, Pedro Barusco y Duque. Según Leite, un día hizo una visita “de cortesía” a este último. La historia es que en ese encuentro el ex director de Petrobras se manifestó preocupado “por los contratos que debía cerrar con Camargo”. La historia es que la empresa privada estaba siendo investigada entonces por llamada Operación Castelo de Areia (Castillo de Arena) que estaba detrás de las pistas del lavado de dinero en las obras que el holding hacía para San Pablo. Como se ve, la conducta de la constructora no nació en 2007. Viene de atrás. Pero ese no es tema para el juez Moro, quien decidió limitar su pesquisa a los tres gobiernos del PT.
