La medida será tratada el próximo 12 de febrero y el oficialismo confía en que logrará la media sanción.
El Gobierno quiere tratar en Diputados la Ley Penal Juvenil el próximo jueves 12 de febrero. El aspecto central del proyecto busca bajar la edad de imputabilidad en los menores.
Para poder llevar adelante ese debate, el martes 10 quedarán constituidas las comisiones y el miércoles 11 será el plenario donde se firme el despacho que llegará al recinto.
Con el foco en bajar la edad de imputabilidad a 14 años, consenso alcanzado en el dictamen de mayoría del año pasado que perdió estado parlamentario, el oficialismo reflotó el tema tomando casos como el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe.
Sin embargo, lo que busca el Gobierno es que la edad sea de 13 años, algo que no tiene el apoyo ni de los aliados.
El proyecto establece un régimen para adolescentes desde los 14 años hasta los 18. Esto implica derogar la Ley 22.278, bajando el piso de imputabilidad respecto al actual de 16 años.
La iniciativa también pone énfasis en la reinserción, a la que define como “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Además, “el adolescente imputado deberá ser tratado con respeto y consideración a lo largo del proceso”, limitando la publicidad de su identidad y restringiendo la privación de libertad a riesgos procesales fundamentados.
El proyecto contempla sanciones no privativas y, por ejemplo, permite reemplazar penas de hasta 10 años por alternativas como amonestación o servicios comunitarios, con conformidad fiscal y opinión de la víctima.
Al respecto, el artículo 12, inciso f) sostiene: “La prestación de servicios a la comunidad consiste en la realización de tareas de interés social en entidades de asistencia, públicas o privadas, sin fines de lucro”.
Para casos graves, las penas privativas como domiciliaria o en institutos, el plazo máximo será de 15 años.
En cuanto a las condiciones para la detención, exige una separación de adultos y orientación educativa. Los institutos deben contar con personal capacitado, y se prevé un supervisor especializado para seguir la evolución del adolescente, con informes mensuales.
El personal debe estar calificado para atender situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y/o entornos familiares violentos.
Se incorporan institutos como la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba, aplicables a delitos menores, con énfasis en la reparación del daño.
El plenario de comisiones, con cabecera en Legislación Penal, a cargo de Laura Rodríguez Machado, incluirá también la de Presupuesto, Familia y Justicia.
El proyecto también invita a las provincias a adecuar sus normas y entra en vigencia 180 días después de su publicación, con control a cargo del Poder Ejecutivo.
Desde el oficialismo sostienen que la ley actual está “desfasada” respecto de situaciones delictivas contemporáneas.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que “la Argentina está rezagada” en la discusión y que la edad de imputabilidad debería situarse incluso por debajo de lo planteado.
En términos similares, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona cuestionó la normativa vigente por ser “injusta tanto para la víctima como para el menor”, y defendió la necesidad de actualizar el régimen penal juvenil para responder a fenómenos como la criminalidad organizada que involucra a adolescentes.
Si bien el proyecto logró en 2025 un dictamen de mayoría en comisión, impulsado por bloques oficialistas y aliados, el texto perdió estado parlamentario con el recambio legislativo y deberá debatirse nuevamente en el recinto. Desde LLA confían en lograr la media sanción.
El dictamen como antecedente del debate de la baja de la imputabilidad
El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto, Justicia y Familias, Niñez y Juventudes de Diputados trabajó durante varios meses el año pasado y consensuó 12 proyectos de ley que establecían la edad de imputabilidad de los menores entre los 16 y los 12 años.
El dictamen de mayoría salió con las firmas de los libertarios, el PRO, la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Se trató de un amplio consenso que modificó el proyecto original del Poder Ejecutivo, que reducía la edad de imputabilidad a los 13 años.
Finalmente, el plenario de cuatro comisiones, liderado por la diputada Laura Rodríguez Machado, titular de Legislación Penal, estableció que el régimen penal se cambie de los 16 a los 14 años; penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas.
La bancada de Unión por la Patria consideró que la edad debía mantenerse y seguir en los 16 años, mientras que el Frente de Izquierda rechazó de plano cualquier cambio a la norma actual.
