En el marco del encuentro regional que reunió a los principales referentes del NOA y el NEA, el actual senador y exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, brindó un discurso con una fuerte impronta federalista.
Con el foco puesto en la unidad estratégica, Valdés instó a las provincias del Norte Grande a ejercer su peso político en el Congreso para revertir décadas de centralismo y asimetrías estructurales.
Valdés fue tajante al analizar la representatividad de la región: el Norte Grande abarca el 30% del territorio nacional y concentra el 40% de las bancas en el Senado de la Nación. Tenemos 30 senadores y casi 70 diputados. Es momento de usar ese poder para reclamar lo que nos pertenece y que el presupuesto nacional refleje las necesidades de infraestructura de nuestro norte", enfatizó el legislador correntino.
Durante su intervención, Valdés desnudó las falencias de la política de conectividad nacional, calificándola como un modelo "centralista y mentiroso".
Hacia el cierre de su alocución, el senador apeló a la "voluntad política sin mezquindades" para lograr la unión de los argentinos. Para Valdés, el fortalecimiento de la región no es solo una cuestión de justicia local, sino la clave para la estabilidad del país: "Si el norte argentino se pone de pie, en la Argentina comienzan a desaparecer las inequidades".
Reclamo a Nación por la distribución de los fondos recaudados por combustible
El Parlamento del Norte Grande resolvió instar al Poder Ejecutivo Nacional "la urgente distribución de los fondos recaudados en concepto del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), en forma equitativa y contínua a las provincias".
Al respecto, el diputado tucumano del Bloque Radicalismo Federal, José Cano, argumentó: "Es imperativo denunciar la discrecionalidad con la que el Poder Ejecutivo Nacional está manejando los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono. La Ley 23.966 no es una sugerencia presupuestaria; es una norma con asignación específica".
Agregó: "Esto significa que lo recaudado tiene destinos inamovibles por ley: infraestructura vial, obras hídricas y el fondo compensador del transporte. En lo que va de la gestión actual del Gobierno provincial, la recaudación acumulada por este tributo proyecta una cifra superior a los 11 billones de pesos. Sin embargo, la realidad de nuestras rutas cuenta una historia de abandono absoluto".
Advirtió: "Los recursos no están a libre disponibilidad del Ministro de Economía. El Gobierno está reteniendo fondos que, por mandato legal, deben aplicarse al mantenimiento de las arterias nacionales".
"Mientras el usuario paga el impuesto cada vez que carga combustible, el beneficio de esa tasa —que debería volver en seguridad vial y eficiencia logística— desaparece en las arcas del Tesoro Nacional para otros fines no autorizados por la ley.
Exigimos que se respete la especificidad de la norma. No se trata solo de números o de equilibrio fiscal; se trata de la seguridad de quienes transitan y de la competitividad de nuestras economías regionales. La ley se debe cumplir, y las obras deben ejecutarse", puntualizó.
