El Gobierno se apresta a dictar un decreto con 10 medidas de Control de Gastos, entre las que se destaca la de congelar el ingreso de empleados públicos hasta pocos días después de finalizado el mandato del presidente Mauricio Macri, el 31 de diciembre de 2019. Las medidas buscan reducir el gasto del Estado nacional este año en $ 20.408 millones, según cálculos del Ministerio de Modernización.
El congelamiento en el ingreso de empleados públicos comenzará a regir en forma inmediata a que el Gobierno publique el Decreto en el Boletín Oficial, lo que ocurriría entre este viernes y principios de la semana que viene, según fuentes oficiales. Esto implica que no ingresará más personal nuevo a los ministerios, Jefatura de Gabinete, ni organismos descentralizados como AFIP, PAMI, ANSES, entre otros, "bajo cualquier modalidad de empleo o contratación", señala el borrador del Decreto.
Allí se establecen excepciones "autorizadas" para las universidades, Conicet, personal del servicio exterior, Fuerzas Armadas y de seguridad. También para los concursos en marcha o nuevos -pero internos-, como los de la alta dirección; los habilitados por la Ley de Presupuesto para reponer vacantes; los cargos previstos en "estructuras orgánico-funcionales" y si hay "criticidad profesional o técnica, con riesgo operativo, previo agotamiento de búsqueda interna y autorización extraordinaria del Ministerio de Modernización/Jefatura de Gabinete".
También se van a cancelar los convenios con universidades por Asistencias Técnicas, a partir del 31 de diciembre de este año y ya no podrá utilizarse esta modalidad para proveer servicios personales. "Estos son los acuerdos que generó el gobierno anterior, de los cuales había 16.000 empleados en noviembre de 2015 y, en la actualidad, involucran a 7.000 empleados públicos", dijo una fuente oficial.
Las 10 medidas, que fueron adelantadas a nivel general hace un mes por los ministros Andrés Ibarra y Nicolás Dujovne, incluyen rebajas en los gastos de toda la Administración Pública Nacional. Desde que se publique el Decreto y hasta fines de 2019, el Gobierno planea "reducir un 30% los gastos de movilidad, viáticos, comidas y horas extras. En Hacienda podrán limitar todavía más ese porcentaje, aunque en realidad, la reducción de gastos es todavía mayor porque ese porcentaje es a valor nominal y no tiene incorporada la inflación", dijo una fuente oficial.
En sintonía con esa medida, tendrán que gastar un 30% menos de lo presupuestado en gastos de viajes al exterior. Se prohíben los viajes en "clase ejecutiva" para funcionarios de rango inferior a ministro, a menos que sean secretarios de Estado y tengan viajes de más de 8 horas. "La idea original era publicar un ranking de viajes por organismo y funcionario, pero habrá que ver si eso se concreta", señaló una fuente oficial.
El Gobierno va a analizar todo tipo de bonificación o premio vigente, para establecer su "pertinencia, alcance e impacto presupuestario", a través de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público. Y se va a suspender cualquier nuevo "suplemento o beneficio" hasta fines de 2019.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) hará un relevamiento de la flota de vehículos que tiene el Estado nacional, a partir del cual el Gobierno establecerá cuál es la "flota óptima" para trasladar a funcionarios "con rango hasta secretario de Estado", dijo una fuente oficial. Y añadió que los autos que no se usen se venderán y los choferes "tendrán la posibilidad de capacitarse en el INAP para ejercer otro puesto de trabajo en la Administración Pública".
En simultáneo, se van a suspender por 30 días los procesos de compra de vehículos que se encuentren en trámite, hasta que se defina la "flota óptima" para cada organismo. Los funcionarios del Gobierno planean ahorrar no sólo en autos y personal, sino también en combustible y mantenimiento.
El Decreto establece que Jefatura de Gabinete revisará las estructuras de organización de los entes descentralizados y desconcentrados, como por ejemplo el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), en un plazo de 90 días. "El objetivo es tener ahí un ahorro presupuestario mayor al 25%", dijo una fuente oficial.
Las empresas públicas tendrán que informar su planificación de gastos de personal. La novena medida será que los directores que ejercen en otras funciones públicas deberán renunciar a alguno de sus cargos y percibir un sólo salario. Y, por último, el Gobierno invitará a "los otros poderes, provincias y municipios a adoptar medidas similares".
