Se espera que el fiscal de la Unidad Especial para la causa AMIA amplíe la prueba que asegura tener en su denuncia contra Cristina Kirchner por “decidir, organizar y negociar la impunidad de los sospechosos iraníes por el atentado a la AMIA de 1994.
Al mismo tiempo, sabe este diario, lejos de dar marcha atrás ante las acusaciones del Gobierno de que es parte de la guerra con los espías, el fiscal redoblará su apuesta y ahondará en datos que involucran a la Presidenta y el canciller Héctor Timerman, pese al intento K de condicionarlo, rechazando su pedido para que la reunión en el Congreso sea secreta.
De los datos que circulan hasta ahora, el fiscal hace responsable a Cristina de liderar un “plan criminal” para dar impunidad a los iraníes acusado, en medio de las necesidades argentinas de obtener petróleo, establecer relaciones comerciales y un acercamiento geopolítico a la república islámica. En ese tren, ha señalado, por ejemplo que fue la mandataria quien dio la orden de que se reunieran el ministro Julio de Vido y Luis D’Elía, siendo el líder piquetero el que luego se reunía con el presunto nexo con Teherán, Jorge Khalil, un referente islámico argentino de origen libanés, eje de las escuchas que figuran en su investigación.
El fiscal fue invitado a la presentación de su denuncia por la presidenta de la comisión, Patricia Bullrich. Según anunció, el oficialismo quiere que la reunión sea pública. Pero Bullrich insistirá en que sea reservada. Se ampará en un pedido similar que hizo el ministro Axel Kicillof al comparecer sobre los fondos buitre.
Quienes han conversado con Nisman saben que la única alternativa que tiene ahora ante la embestida del kirchnerismo es “tirarse a la pileta” dentro de las limitaciones de un encuentro público. Su estrategia sería “apretar el acelerador” sin hacer todas las revelaciones que pensaba hacer si el encuentro fuera reservado, y apostar a que el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, acepte su pedido de que se desclasifique la totalidad de la denuncia presentada ante el juzgado de Ariel Lijo.
Ocurre que, por un lado, la Ley de Inteligencia le prohíbe a Nisman dar nombre de agentes de la ex SIDE que, según él, participaron del “plan para desvincular” a los sospechas del atentado, que se realizaría finalmente a través del memorándum de entendimiento con Irán. Nisman sabe que también lo pueden recusar si revela datos secretos. El fiscal se llamó a silencio ayer, tras la desmentida de Timerman sobre la acusación de haber pedido que bajen las alertas rojas a Interpol, Nisman recién “le contestará el lunes”, dijeron fuentes cercanas a Nisman.
