La justicia de Córdoba, que investiga las causas que derivaron en la muerte de al menos cinco bebés en un centro de salud pública de la capital provincial, que según datos preliminares ocurrieron entre mayo y junio último, suma nuevas denuncias por otros casos similares y citó a madres de las víctimas a declarar.
Por el momento, el fiscal de Instrucción, Raúl Garzón, a cargo de la investigación, maneja la hipótesis de "mala praxis y homicidio". En las últimas horas, además, se conocieron dos nuevas denuncias por muertes sospechosas de recién nacidos en el centro de salud.
"Son casos puntuales en una franja de tiempo precisa, y obviamente es preocupante", sostuvo el fiscal Garzón, aunque afirmó que "no volvieron a suceder" esos hechos y la prestación de salud en ese nosocomio es normal en estos días.
"Estamos investigando las causas por las cuales fallecieron estos recién nacidos. Se recolectaron historias clínicas y todo el material médico para determinar las causas que llevaron a la muerte a estos bebés", reafirmó el funcionario judicial.
Garzón contó que fueron hechos ocurridos entre fines de mayo y junio y eso hizo que, a partir de una denuncia, se avanzara en la investigación. "La causa está en pleno trámite y en pleno curso, con la gravedad inmensa que representa", indicó.
"Todo el material probatorio debe ser analizado por el cuerpo médico especializado en todas estas cuestiones de supuesta mala praxis, aunque no descartamos, lo que sería impresionante, que estos hechos puedan haber sido intencionales", agregó Garzón la semana pasada.
En ese sentido, sostuvo que se trabaja sobre "varias hipótesis", entre ellas la de "mala praxis, homicidio o negligencia", entre otras líneas investigativas, como la posibilidad de que las muertes hayan sido causadas por algún "virus hospitalario".
"Se descartan hipótesis como complicaciones de vacuna, o medicación y el estado de los medicamentos porque se administra la misma medicación en todos los hospitales. Esto es algo muy acotado y muy puntual", sostuvo el fiscal.
Según la denuncia, los fallecimientos ocurrieron en el Hospital Materno Neonatal Dr. Ramón Carrillo, dependiente del Gobierno provincial, y hasta el momento no hay personas imputadas, informaron fuentes judiciales.
Entre las primeras medidas procesales, Garzón realizó un allanamiento en el hospital donde incautó historias clínicas de los fallecidos, entre otros documentos considerados de utilidad para la investigación.
El fiscal detalló que en algunos casos se cuenta con los resultados de autopsias de los primeros bebés fallecidos, que están siendo analizadas por un cuerpo de médicos especializados.
En tanto, la directora de Asuntos Legales del Ministerio de Salud cordobés, Mariana Figueroa, afirmó que a partir de la denuncia y la apertura de la causa judicial, esa cartera abrió un sumario administrativo interno que, entre otras medidas, incluye la "separación preventiva de empleados" del área neonatal.
Luego se conoció que la titular del hospital, Liliana Asís, fue también separada de sus funciones.
El Gobierno de Córdoba solicitó ser querellante
El Gobierno de Córdoba solicitó al Poder Judicial ser admitido como querellante en la causa sobre la muerte de al menos cinco bebés, entre marzo y junio de este año, nacidos sanos en un centro de salud pública de la capital provincial, la cual, según datos preliminares, aún no tiene imputados ni detenidos.
Mediante su cuenta oficial de Twitter, el Gobierno informó este lunes por la noche que, ante los hechos acontecidos en el Hospital Neonatal, y que son de dominio público, “la Provincia se ha constituido como querellante porque es la principal interesada - como ya se manifestara - en que se esclarezca de forma absoluta lo sucedido, se conozca la verdad y se establezca la responsabilidad plena”.
En ese sentido, añadió que ya se puso y mantendrá como corresponde “la disposición total de brindar cualquier elemento que requiera el Fiscal para aportar un pronto esclarecimiento de los hechos, incluyendo agentes y personal”.
“A su vez, el Estado provincial ha puesto y mantiene a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la disponibilidad y asistencia de acompañamiento a los familiares”, resalta la información oficial.
De acuerdo a los datos que había suministrado el ministro de Salud, Diego Cardozo, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y dos (decesos) el 6 de junio de este año. El funcionario sostuvo que esos desenlaces mortales "no son algo habitual" y pidió "castigar con todo el peso de la ley" a los responsables.
La cartera de Salud realizó la denuncia judicial el 7 de julio y, según el ministro Cardozo, se solicitó a la Justicia investigar 11 defunciones ocurridas en esos cuatro meses. Empero, precisó que "podemos inferir que seis de esos casos fueron por patologías que están dentro de las posibilidades de que ocurra la muerte".
"Cinco nacieron sanos y tuvieron un desenlace no esperado, no habitual, razón por lo cual pedimos la investigación y análisis de todos los elementos que forman parte de la atención que recibieron durante el parto y luego del nacimiento", consideró el funcionario.
El Gobierno provincial designó a las nuevas autoridades del hospital, en tanto se mantienen separados de sus funciones a 23 empleados.
Mientras tanto, el fiscal Garzón comenzó a tomar declaraciones a nueve enfermeras, y pidió detalles de las historias clínicas y de otra documentación sobre el suministro de las dosificaciones de inyectables a los bebés fallecidos, particularmente lo referido al potasio, además de los dos estudios de autopsia que se realizaron.
El fiscal también comenzó a receptar testimonios de las familias damnificadas por la presunta “mala praxis” u “homicidio intencional”, que son dos de las varias líneas de hipótesis que trabaja el funcionario en la investigación.
