La declaración de Hugo Moyano, cuando aseguró que aceptaría reunirse con Mauricio Macri, sorprendió en Casa Rosada. No por su contenido, dado que ya durante el acto había bajado sus críticas al Presidente, un gesto que no pasó desapercibido, sino porque se dio menos de un día después de la masiva movilización que orquestó el líder camionero. Con todo, en el macrismo hoy aseguraron que "por ahora no hay ninguna posibilidad" de que se concrete el encuentro. Pero igual dejan abierta la posibilidad de una negociación: "Hay que ver cómo se porta de acá en más", graficaron.
El jefe de Gabinete Marcos Peña fue quien explicitó las dudas que surgen en el Gobierno respecto a la conveniencia de un encuentro. "No sé cuál sería el tema (de una eventual reunión) en este contexto. Si nos guiamos por el discurso de ayer, para hablar de temas judiciales, no es la persona con quien tiene que juntarse. Es otro poder, no es el Poder Ejecutivo”, dijo en diálogo con radio La Red.
Esta declaración de Peña da cuenta de una de las condiciones que pondrá el Gobierno para aceptar reunirse con Moyano: que primero tanto él como su familia se presenten en las causas judiciales que el camionero hasta ayer aseguraba no tener. "Tampoco es que el juez (por Claudio Bonadio) lo está persiguiendo, ni mucho menos", dijeron, en alusión a la supuesta pasividad que desde un sector del oficialismo le adjudican al accionar del magistrado. El asunto es que la causa por fraude contra Independiente, en la que Moyano fue procesado junto a su hijo Pablo, la lleva Gabriel Vitale, un juez al que desde distintos sectores señalan como difícil de controlar. El éxito que tenga Moyano para salir bien parado de esa causa será determinante.
La otra condición que el Gobierno pondrá sobre la mesa es la situación de la empresa postal OCA. En la Rosada remarcan que Moyano tiene especial interés en ella, más allá de los 7 mil empleados que tiene, en su mayoría afiliados al gremio. Es que las empresas de su familia intensificaron sus negocios con la compañía desde el desembarco del actual presidente, Patricio Farcuh, quien paradójicamente siguió contratando y girando fondos al clan Moyano tras haberlo responsabilizado públicamente por usurparle durante varios meses la empresa.
En este punto el Gobierno es inflexible: si OCA no puede regularizar su situación, le quitará la licencia para seguir operando. Y, en consecuencia, tendrá que evaluarse un plan para salvar los puestos de trabajo. Eso es lo único que Moyano dijo querer esta mañana en relación a la firma. Tal vez sea la excusa para un acercamiento.
Y el tercer punto, y no menor en este momento, es que antes de entrar al despacho presidencial, Moyano deberá recomponer su relación con Triaca. En el Gobierno adjudicaron buena parte del escándalo que protagonizó el ministro de Trabajo con la empleada doméstica Sandra Heredia a una mano negra en tándem de Hugo Moyano y su amigo Luis Barrionuevo. El gastronómico, precisamente, fue uno de los que recibió una fría respuesta la semana pasada, cuando le pidió a un empresario que juega al pádel con Macri que intercediera por él y acercara posiciones. "Decile a Luis que primero tiene que hablar con Jorgito (por Triaca)", fue la respuesta del mandatario. Lo mismo correrá para Moyano, que hoy criticó a Triaca y recordó que su padre fue ministro de Carlos Menem e interventor de Somisa durante la privatización.
Con todo, las primeras conversaciones podrían darse recién la segunda semana de marzo, cuando Triaca vuelva de un viaje de gestión (irá con sindicalistas) que comenzará el próximo martes por España, Holanda y Alemania.
