El Presidente busca convertir la insólita crisis del monotributo en una oportunidad. Ahora quiere impulsar un programa de mejoras
El Gobierno nacional resolvió este miércoles dar marcha atrás con la categorización aplicada por la AFIP a monotributistas, que les generaría deudas por hasta $25.000, y buscará generar más medidas de "alivio fiscal" en medio de la segunda ola de coronavirus. El tema fue analizado este miércoles durante una reunión en Casa Rosada encabezada por el presidente Alberto Fernández.
El jefe de Estado instruyó en ese encuentro al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para avanzar en breve con un nuevo régimen de mejoras para monotributistas. Esto implicará una marcha atrás con el cobro de la deuda retroactiva que iba a impactar en millones de inscriptos en el régimen simplificado.
1. La condonación y/o eximición de deudas del retroactivo de enero a junio. Son las correspondientes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, por las diferencias ocasionadas por el incremento del componente impositivo y previsional, incluido aquel correspondiente a la obra social, devengadas entre los meses de enero y junio de 2021 con relación a diciembre 2020.
2. Un esquema excepcional de actualización de escalas con una visión progresiva.
El cambio en el régimen simplificado comenzaría en julio y, como se detalla en el punto 1, los contribuyentes no pagarán la deuda acumulada.
Un nuevo programa de mejoras
El Presidente pidió en el encuentro "solucionar el tema", según trascendió.
Y le pidió al titular de la Cámara de Diputados un "nuevo programa de mejoras para el monotributo y de alivio fiscal".
Así lo indicaron fuentes oficiales, las cuales señalaron que el encuentro en la sede del Gobierno sirvió para "analizar el impacto del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, que se implementó por ley".
En la reunión, que se realizó en el despacho presidencial durante casi una hora, estuvieron también el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.
El pasado 4 de junio, la AFIP categorizó a más de cuatro millones de monotributistas y aplicó los nuevos valores de los distintos componentes del régimen para los primeros cinco meses del año, que implican un incremento del 35,3%.
Al aplicarse con retroactividad a febrero último, esto generaría para muchos adherentes al régimen simplificado una de deuda que rondaría hasta $25.000.
Ante esa situación, la AFIP anunció que habría un plan de pagos, pero ahora se analiza la posibilidad de dar marcha atrás con la categorización retroactiva, para aliviar la situación de millones de contribuyentes.
En medio de la recesión económica, el azote de la pandemia y a meses de las elecciones, la nueva reglamentación del monotributo colocó a la administración de Alberto Fernández en el centro de otra crisis. Es por eso que el propio Presidente tuvo que reagrupar a su tropa en Casa Rosada para confirmar la marcha atrás de una medida que, enfrentada con la realidad de los tiempos que corren, generó rechazos en la opinión pública, reclamos sectoriales y hasta planteos por la vía judicial.
Este martes, la Fundación Apolo, mediante el Equipo de Activismo Judicial que lidera José Magioncalda, denunció a Mercedes Marcó del Pont, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por no haberles informado a los contribuyentes que sus pagos de monotributo serían tomados a cuenta de la nueva actualización.
La denuncia la subscriben el presidente de la Fundación Apolo, Antonio Fratamico, el coordinador de su equipo legal, José Magioncalda, y Gabriel Salvatore junto a Marina Kienast.
Allí se argumenta que la titular de la AFIP violó la propiedad privada al confiscarles la plata a los contribuyentes mediante el cobro de ese retroactivo.
En cuanto al perjuicio que la omisión de la funcionaria y su decisión provocaron en los contribuyentes, dejan en claro que la seguridad jurídica de los monotributistas se vio afectada, y sus derechos, cercenados a partir de una certeza tributaria que no era tal.
"Ante la falta de una ley que actualizara las categorías del Régimen Simplificado, la AFIP nunca advirtió que los pagos correspondientes a los meses devengados (con carácter previo a la sanción de la nueva ley) serían tomados a cuenta de una actualización posterior", dice la denuncia.
La retroactividad del pago perjudica al contribuyente
Los pagos realizados entre enero de 2021 y mayo de 2021 tienen carácter liberatorio. Por esto no correspondería aplicar "de manera retroactiva" una norma que perjudique al contribuyente al exigir un saldo sobre esos períodos ya pagos. Sin embargo, eso es lo que, precisamente, hizo la AFIP.
"Es importante destacar, en este sentido, que es obligación de dicho organismo estatal comunicarles a sus contribuyentes qué va a suceder durante el año para que estos sepan cuánto tienen que pagar. Pero no lo hicieron. No actualizaron los montos cuando debieron hacerlo, y esto llevó a que los contribuyentes, como nunca recibieron la comunicación adecuada, pagaran lo que AFIP decía que había que pagar", advierten desde la Fundación Apolo.
Entrada la segunda quincena de enero de este año, el portal web de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de un breve comunicado, informó que, de no incrementarse los ingresos de los contribuyentes al punto de tener que cambiar de categoría, estos mantendrían su categoría actual y, en consecuencia, cancelarían los períodos mensuales de 2021 a los valores de ese momento.
