Tras la partida de importantes sectores que daban fuerza de número a la Red de Organizaciones Sociales y al acampe que mantiene asediada a la Casa de Gobierno, Milagro Sala recurre a medidas extremas para comunicar su firme decisión de mantener el acampe a como dé lugar, y decidió instalar piletines en plena plaza para los hijos de los acampantes que usurpan la plaza en su nombre.
Si bien, hasta ahora las críticas de la sociedad se centraron en la usurpación de facto del espacio público, o en los efectos que una plaza tomada tiene sobre el turismo y los comerciantes que se ven afectados al no poder ejercer libre y lícitamente el comercio, no son pocos los que han reparado en la cantidad de niños presentes en el acampe que recurren a las fuentes de la plaza para mitigar los efectos del calor... y para jugar, ya que son niños.
Los niños ante todo tienen el derecho fundamental a jugar, y a no ser arrastrados como rehenes a manifestaciones políticas o a usurpaciones del espacio público como la que se lleva a cabo en Plaza Belgrano. Es un derecho listado entre los derechos del niño, y es además un derecho incorporado al texto de la constitución Nacional. Y es un derecho que está siendo vulnerado a diario, desde hace quince días, en las narices de las autoridades provinciales y judiciales.
Pero no es solo el derecho a jugar de los niños lo que está siendo sistemáticamente vulnerado al ser utilizados como rehenes y posibles escudos humanos, sino que está en juego la integridad física, psíquica y la salud de los niños. La Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional, y a las leyes nacionales 23.849 y 26.061, son mandatorias en todo el territorio nacional y mandan a resguardar la integridad de cada niño y niña. Es un deber del Estado.
Tanto a nivel nacional como provincial se ha insistido, en los últimos días, en la elaboración de protocolos para protestas que contemplen tanto el derecho a protestar o manifestarse, también de jerarquía constitucional, como así también el derecho de quienes no protestan a circular libre y normalmente sin verse impedidos por piquetes o cortes en rutas y calles.
A esto habría que agregar un protocolo que salvaguarde los derechos y la integridad física y psíquica de los niños para que no sean utilizados vilmente como rehenes de los caprichos políticos de algunos dirigentes, o como potenciales escudos humanos contra la acción de la fuerza pública.
En el día de ayer, el gobierno de la provincia publicó una solicitada en la que se expresa que se responsabilizará a la Tupac Amaru por los daños y perjuicios sufridos por los comerciantes que se vieron afectados en sus actividades por el acampe.
Cabría aqui hacer otra solicitada responsabilizando a dicha organización por situaciones rayanas al abuso infantil que están sufriendo decenas de niños en la plaza que son obligados a permanecer en un acampe ilegal. No solo responsabilizar a las organizaciones sociales que fomentan e incentivan a que los padres lleven a los niños a estas manifestaciones, sino también a los padres.

















