La eliminación del artículo que establecía la emergencia en tierras indígenas despertó duros cuestionamientos de parte de comunidades mapuches del sur del país, quienes anunciaron “duros enfrentamientos” y una “batalla sin control” para seguir adelante con sus planteos de reconocimiento ancestral.
Agrupaciones mapuches de Neuquén y Río Negro amenazaron este martes con desatar “graves consecuencias”, luego de que el Gobierno le pusiera fin a la emergencia en tierras indígenas, y anunciaron que sus reclamos “no cesarán, pero sí se endurecerán”.
En la provincia petrolera, la decisión gubernamental coincidió con un planteo que la Confederación Mapuche inició frente a la Casa de Gobierno, por el primer aniversario de gestión del gobernador Rolando Figueroa.
Al mandatario lo intimaron a “suspender la entrega de permisos o concesiones petroleras en territorios comunitarios donde no se haya realizado la consulta previa”. Pero durante la manifestación no dejaron pasar su disgusto con la medida del presidente Javier Milei de poner fin a la emergencia territorial de pueblos originarios.
El reclamo combina ese planteo por la supuesta reivindicación territorial con intereses económicos vinculados a la explotación de Vaca Muerta. Fuentes del gobierno arriesgaron que “en varios sectores donde aseguran tener arraigo ancestral, no había nadie hasta que el proyecto Vaca Muerta comenzó a tener forma. No es más que un oportunismo inmobiliario”.
En Villa la Angostura, donde avanzaba el desarrollo de la inconclusa ruta de Circunvalación, se instalaron fragmentos de la comunidad Paicil Antriao a lo largo de esa traza para impedir el avance de la obra y negociar con el estado indemnizaciones por expropiación y obtener así nuevos lotes fiscales. “El modus operandi, en el caso de Vaca Muerta, es similar”, arriesgaron desde el gobierno.
La emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas estaba estipulada en el artículo 1° de la controvertida Ley 26.160, promulgada en 2006. Dicha norma se transformó en el principal argumento de las comunidades involucradas en disputas de tierras en la Patagonia.
La misma estipulaba un relevamiento territorial de las comunidades mapuches del país, el cual quedó inconcluso en la mayoría de las provincias.
Jorge Nahuel, principal referente de la Confederación Mapuche de Neuquén, aseguró que la derogación de la emergencia “nos deja librados a una batalla sin control” y vaticinó que “puede generar enfrentamientos que lleven a situaciones que todo el mundo va a lamentar después”.
En Río Negro anticipan que la eliminación de los artículos de la Ley 26.160 dará lugar “a desalojos, el uso de la fuerza y a conflictos en todo el país, donde los mapuches pelean por las tierras que ocuparon sus ancestros. Ahora el gobierno tiene vía libre para reprimir y para sacarnos, con la idea de vender esas tierras a los capitalistas y amigos del gobierno”.
La decisión de Milei, que también deroga el Decreto 805/2021, argumenta que la situación había generado inseguridad jurídica, conflictos territoriales y limitaciones al desarrollo económico en diversas provincias.
Esa ley, en sus fundamentos, menciona que fue aprobada “para frenar desalojos y avanzar en la regularización de tierras ocupadas por comunidades indígenas reconocidas oficialmente”.
Sin embargo, el decreto que firmó Javier Milei y sus funcionarios este martes afirma que las sucesivas prórrogas de la emergencia propiciaron “un abuso del sistema”, con un incremento en la inscripción de comunidades sin cumplir los requisitos necesarios, lo que habría agravado los conflictos territoriales, en lugar de resolverlos.
La Confederación Mapuche de Neuquén calificó la derogación como un “acto de regresión en los derechos de los pueblos originarios”, mientras que referentes de derechos humanos advirtieron que la medida podría provocar un aumento de los desalojos y tensiones sociales.
