El gobierno obliga a las empresas a poner a disposición a sus trabajadores durante 60 días para producir alimentos; denuncian "trabajo forzoso"
El gobierno venezolano ordenó a todas las empresas, tanto públicas como privadas, que pongan a disposición del Estado a sus empleados para trabajar en el desarrollo agroalimentario del país durante 60 días, un plazo que se puede prorrogar por otros 60 más, según un decreto publicado esta semana. La única condición es que los empleados reasignados tengan las "condiciones físicas y técnicas" para ejercer las funciones requeridas. El gobierno asumirá el pago del salario base y la "inamovilidad" del trabajador que sea escogido para "prestar" sus servicios, en función de "fortalecer la producción" en los campos. Las empresas seguirán satisfaciendo las cotizaciones sociales de los trabajadores cedidos.
El cimiento de este nuevo régimen laboral está en el decreto de estado de excepción y de emergencia económica impulsado este año por el gobierno de Nicolás Maduro para atender la carestía en Venezuela, y que permite tomar medidas extraordinarias.
Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, no pudo soportar el desplome de los precios del crudo. La sacudida económica no ha hallado un terreno sólido en un país dependiente de las importaciones, regido por un estricto control cambiario de divisas y restrictivo con las empresas. La fractura financiera se ha traducido en una dramática escasez de productos básicos.
Como alivio a esta crisis, los adversarios del gobierno apuestan por la colaboración internacional. En abril, el Parlamento -el único poder controlado por la oposición- declaró una "emergencia alimentaria" en el país. También Amnistía Internacional recomendó a las autoridades venezolanas pedir la ayuda humanitaria. Pero Maduro, que denuncia que los males financieros de Venezuela obedecen a una "guerra económica" en contra del chavismo fraguada por la oposición, los empresarios y los gobiernos extranjeros, se opone a una intervención foránea.
En tanto, el presidente aplicó como recursos extremos el decreto de estado de excepción, la creación de la llamada "gran misión abastecimiento soberano y seguro", que encomienda a las fuerzas armadas el control de la distribución y producción de los alimentos y, ahora, la decisión de obligar a los empleados de los sectores públicos y privados a cambiar eventualmente de trabajo.
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Pero el préstamo obligatorio de los trabajadores a las empresas agrícolas podría ser inútil. El Estado venezolano carga con una deuda superior a los 400 millones de dólares con los proveedores de insumos agrícolas, según un cálculo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro).
También afronta demandas en tribunales internacionales. A principios de julio, los ex propietarios de la compañía Agroisleña acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en Washington) para interponer una demanda contra el Estado venezolano por no haberlos indemnizado al expropiar esta empresa española en 2010.
La compañía, que suministraba insumos agrícolas a la mayoría de los productores, fue expropiada por el presidente Hugo Chávez por supuestamente especular con los precios de la venta de las semillas para el cultivo. "Ahora tú vas a ver lo que será una nueva institución en manos del pueblo. Vamos a bajar los precios de los fertilizantes, los precios de las semillas, a trabajar con el pueblo, con los que realmente necesitan, sin explotar", dijo entonces el mandatario. Agroisleña ahora es Agropatria, una sociedad manejada por el gobierno.
La polémica medida provocó un inmediato pronunciamiento de Amnistía Internacional, que, en un comunicado, califica de trabajo forzado. "Intentar abordar la severa falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar curar una pierna quebrada con una curita" dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de esta organización.
En un supermercado del oeste de Caracas, más de un centenar de venezolanos aguarda desde la madrugada del jueves ante la llegada de comida a precios regulados. Hay una estantería repleta de porotos rojos empaquetados en el local, pero no se compran ya que cuestan más de 3000 bolívares por kilo; un 20% del salario mínimo en Venezuela.
La inflación en el país, la más alta del mundo, consumió con ferocidad el aumento del 30% del sueldo mínimo decretado en mayo por Maduro. Para ese mismo mes, la escasez de alimentos se elevaba a un 82%, según una encuesta de Datanálisis.
