Los acusa de provocar la escasez que afecta al país. Intenta evitar más saqueos, en un cuadro hiperinflacionario.
El gobierno de Nicolás Maduro reforzó ayer el control de precios en los principales supermercados privados del país y amplió a más de doscientos el número de establecimientos que son forzados por el chavismo para bajar los valores de los escasos productos en venta a márgenes casi inexistentes de ganancia.
La nueva ofensiva del gobierno contra la iniciativa privada se produce en medio de una formidable escasez de productos de primera necesidad, una altísima inflación y una economía que no deja de contraerse. El desabastecimiento derivó en las últimas horas en episodios de saqueos en algunas zonas del interior del país y en ciertos barrios de Caracas, que fueron rápidamente controlados. Este domingo, contingentes de soldados montaban guardia ante los supermercados para reprimir incidentes.
“La comida está impagable”, aseguró ayer Domingo Sosa mientras hacía una larga fila frente a un supermercado en Caracas, uno de decenas de establecimientos obligados por el gobierno de Venezuela a rebajar los precios en medio de una espiral hiperinflacionaria. Desde la madrugada de este sábado, las nutridas colas se vienen formando ante supermercados caraqueños tras fiscalizaciones de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee) a más de 200 establecimientos. Hasta este fin de semana eran solo 27 los establecimientos monitoreados. Maduro culpa a los empresarios del desabastecimiento, con una industria quebrada básicamente por el descalabro de la admininistración económica nacional.
“Sabemos que esto es una catástrofe (...), pero ¿qué voy a hacer? El sueldo no alcanza”, declaró a la AFP Domingo Mata, un albañil de 45 años y padre de tres hijos, esperando comprar alimentos a precios rebajados hasta una quinta parte de su valor.
El jefe de la Sundee, Willian Contreras, informó que 214 supermercados de 26 cadenas fueron inspeccionados en Caracas y que unos 350 locales independientes serán fiscalizados en los próximos días en la capital y otras ciudades. Un control de precios de alimentos básicos y un férreo control de cambios, con el cual el gobierno monopoliza el acceso a divisas para importar productos y materias primas, rigen en el país.
Las fiscalizaciones llegan tras múltiples protestas por falta de comida y servicios básicos, como agua y electricidad. Una mujer embarazada murió en la víspera de Año Nuevo en Caracas, herida de bala por un militar, cuando esperaba por pernil de cerdo -platillo tradicional en las cenas de Fin de Año- a precios subsidiados en un programa gubernamental.
Empresarios señalan los controles como causas de la crisis socioeconómica, con una inflación proyectada en más de 2.300% para 2018 por el FMI, la más alta del mundo, y desabastecimiento de alimentos y medicinas. Según la patronal Fedecámaras, la industria funciona a solo 30% de su capacidad. Maduro y altos funcionarios culpan a “una guerra económica” del empresariado que busca generar descontento popular.
Los saqueos se produjeron este fin de semana en los Estados de Bolívar y Zulia y hubo 48 detenidos, lo que obligó al gobierno a reforzar la seguridad con efectivos policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En la población de Caicara del Orinoco, en Bolívar, a unos 500 kms al sur de Caracas, centenares de personas, irritados por la falta de alimentos, medicinas y dinero efectivo, atacaron una veintena de comercios y derribaron puertas y ventanas para llevarse todos los productos que podían.
