Mauricio Macri ignorará el pedido de Miguel Pichetto y no enviará una contrapropuesta para evitar que la oposición sancione la ley que limita los tarifazos consensuada en Diputados.
Para preparar la resistencia, el lunes a las 19 Juan José Aranguren visitará a los senadores de Cambiemos e informará los costos del proyecto, que en su versión original la oficina de presupuesto había calculado en 70 mil millones anuales.
La cifra se reduciría porque el texto aprobado excluyó la reducción del IVA a los servicios públicos, pero mantuvo el artículo que retrotrae las tarifas a noviembre y ajusta cualquier aumento futuro a la variación salarial.
El proyecto se trató el miércoles en un plenario de las comisiones de Derechos Garantías, Presupuesto y Energía y Pichetto fue claro: "Si para el martes a las 19 horas no hay una propuesta que implique una rebaja de tarifas, aprobamos el proyecto como vino de Diputados", advirtió.
Los gobernadores Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti marcaron diferencias con el proyecto, pero también lo habían hecho cuando se trató en Diputados pero sus diputados lo aprobaron.
"A veces las leyes son para dar mensajes al Ejecutivo", se atajó Pichetto el miércoles. Es que Macri ya anticipó una y mil veces que si la ley es sancionada la vetará y por lo tanto nunca entrará en vigor.
El rionegrino había sondeado un día antes a sus pares para posponer el plenario pero se echó atrás cuando se vio venir una rebelión. Aranguren intentó persuadirlo con una fría carta, donde no pudo calcular el impacto fiscal en las provincias y hasta recordó que su objetivo es excluir impuestos locales de las tarifas.
Olvidó, o nunca supo, que el bloque Argentina Federal de Diputados, el homónimo al de Pichetto, se opuso a esa idea y propuso que en tal caso los municipios no cobren por la generación de energía.
Cambiemos siguió con su contraofensiva y convocó para el martes a los gobernadores a explicar si están de acuerdo con reducir las tarifas en sus provincias y devolver parte de lo cobrado desde noviembre.
"Hay una parte que cobraron las distribuidoras provinciales y deberían restituir. Queremos escucharlos", desafían por estas horas los senadores de Cambiemos. En el peronismo dialoguista coinciden con ese diagnóstico.
"Es verdad que nuestras empresas locales no pueden devolver, pero no vamos a pagar el costo de frenar una rebaja tarifaria, porque la gente no puede pagar", confesó un referente de Argentina Federal.
Los gobernadores no están interesados en dar la cara: hasta esta mañana ninguno había respondido las cartas enviadas desde la Comisión de Derechos y Garantías, presidida por la radical Olga Brizuela y Doria. Tal vez el lunes alguno quiera viajar.
Los otros invitados son las distribuidoras y Cammesa, la empresa distribuidora de energía y a la que según el senador Ángel Rozas las provincias le deben 850 millones de pesos.
Sus directivos lo explicarán el martes al mediodía. Tienen tiempo hasta las 19 cuando el peronismo dialoguista y el kirchnerismo se unirían en un dictamen común, como hicieron muy pocas veces. Y el miércoles 30 sancionarían la ley para frenar los tarifazos, para que sea vetada al día siguiente.
